- El letargo en los juicios de amparo alertó al gobierno de la 4T a reactivar las obras del Tren Maya por causa de Seguridad Pública.
MARCO ANTONIO BARRERA
PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO.- Las resoluciones de los cinco amparos que durante casi 100 días frenaron la construcción del tramo 5 Sur del Tren Maya se pospusieron 29 veces, lo que encendió la alerta en Palacio Nacional sobre la ejecución de la obra insignia del Gobierno de la Cuarta Transformación, que se proyecta concluir en diciembre de 2023.
Los juicios de garantías en los que el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán otorgó medidas cautelares (una suspensión definitiva y cuatro provisionales), no sólo detuvieron los trabajos sino también impidió que se avizorara alguna sentencia en el corto plazo.
La reactivación del proyecto turístico que correrá sobre 67.67 kilómetros de Playa del Carmen a Tulum fue confirmada en la ‘Mañanera’ por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, al destacar que la obra de seguridad nacional no se detendrá por intereses de ‘un grupo de corruptos y pseudo ambientalistas’.
En el amparo 884/2022, al que se concedió la primera suspensión provisional el 12 de abril, la apoderada legal de los tres buzos radicados en Playa del Carmen, Antonella Vázquez Cavedon tramitó un incidente por ‘defecto de cumplimiento’ de la suspensión definitiva que se mantiene activa desde el 27 de mayo pasado, cuya audiencia para resolverse se fijó para el primero de agosto próximo.
El juez federal Adrián Fernando Novelo Pérez (quien se reintegró a su cargo después de ausentarse por vacaciones), emplazó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y a la empresa FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. para informar sobre la denuncia de los quejosos, ‘apercibida de no hacerlo, se presumirá cierta la conducta que se les reclama’.
Sin embargo, bajo el nuevo esquema anunciado por el mandatario las nuevas autoridades encargadas del proyecto son las secretarías federales de Gobernación (SEGOB) y de Seguridad Ciudadana (SSC).
En ese mismo juicio de amparo encabezado por el buzo José Guillermo Urbina, las audiencias se pospusieron seis veces, de las cuales cuatro fueron incidentales y dos constitucionales.
Las audiencias incidentales resuelven el otorgamiento de una medida provisional que de concederse paraliza el acto reclamado, mientras que las constitucionales determinan en definitiva la impugnación, ya sea en uno u otro sentido.
En un segundo juicio de garantías (923/2022) tramitado por la misma asociación civil ‘Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano’, que representa legalmente la empresaria Antonella Vázquez Cavedon se concedió una suspensión provisional, pero suma seis aplazamientos de audiencias, de las cuales cuatro son incidentales y dos constitucionales.
En un tercer amparo (820/2022), tres mujeres de Tulum encabezadas por la empresaria Kosby Tania Ramírez igualmente obtuvieron una suspensión provisional, pero acumula seis retrasos en las resoluciones, cuatro son incidentales y dos constitucionales.
En un cuarto juicio de garantías (821/2022) se otorgó otra suspensión provisional al empresario y presidente de la asociación civil ‘Cenote Republic’, Luis Martín Leal Meneses, pero acumula seis diferimientos, cuatro incidentales y dos constitucionales.
El quinto amparo (1137/2022) que goza también de una suspensión provisional a favor de un particular que representa a una asociación civil, acumula cinco retrasos en las resoluciones, tres de las cuales son incidentales y dos constitucionales.
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