- Se propone que las órdenes de protección sean un recurso sencillo y de fácil acceso, con distintas ventajas para las mujeres y niñas.
IGNACIO CALVA
CANCÚN, Q. ROO.- La Comisión Permanente de la XVI Legislatura del Estado turnó a Comisiones las iniciativas en órdenes de protección a mujeres y niñas víctimas de violencia
En la iniciativa por la que se reforma el artículo 17 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, se busca establecer que las personas que sean sentenciadas por violencia familiar, violencia sexual o por ser deudor alimentario moroso, no accedan a puestos de elección popular.
También se turnó a Comisiones una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de órdenes de protección, por la que se propone que las órdenes de protección sean un recurso sencillo y de fácil acceso, con distintas ventajas para las mujeres y las niñas víctimas de violencia.
Esto ya que al hacerlas más sencillas se podrá agilizar la respuesta de las autoridades ante situaciones de violencia y evitar que se siga teniendo un procedimiento burocrático, además de ampliar a sesenta días el plazo de otorgamiento de la orden de protección, con independencia de que ese lapso pueda ser prorrogado.
Por otra parte, también se turnaron iniciativas en materia electoral, sobre candidaturas independientes, legítima defensa, requisitos para las personas que aspiran a ser titulares de poderes u órganos autónomos y.
La primera iniciativa leída busca derogar la fracción II del artículo 106 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, relacionada con la promoción del respeto y fomento de los derechos políticos-electorales en materia de candidaturas independientes.
Esta propuesta busca eliminar la restricción de que sólo quienes obtengan el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas puedan obtener el registro de su candidatura independiente.
La siguiente iniciativa busca que quienes aspiren a ser titulares de poderes de gobierno y órganos autónomos, sean personas que cumplan con el requisito de no haber sido condenados por delitos contra la mujer o por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.
Además, plantea que quienes aspiren a ser magistrados, gobernadores, diputados, o bien titulares de organismos autónomos como la Fiscalía General, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Comisión de Derechos Humanos, deberán cumplir con el mismo requisito.
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