- De nuevo suspende juez a favor de Antonella Vázquez; Gobierno federal, por su parte, expropió 109 hectáreas más en el Tramo 5.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Una nueva suspensión definitiva ordenó otra vez frenar los trabajos de construcción en el Tramo 5 del Tren Maya, al carecer de los permisos ambientales que avalen el desmonte de un área de influencia de más de 111 kilómetros de selva entre Cancún y Tulum.
El juez Primero de Distrito de Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, impuso que la protección federal persistirá hasta que las autoridades responsables no obtengan el permiso ambiental para el Tramo 5 Norte y que cumplan con una serie de condicionantes para reactivar las actividades en el Tramo 5 Sur.
La medida cautelar había sido concedida, pero de manera provisional, el 29 de abril y se ratificó el 17 de junio pasado, a favor de la representante de la asociación civil “Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano”, Antonella Vázquez Cavedon.
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La suspensión definitiva se suma a otra similar que gozan los tres buzos de Playa del Carmen encabezados por José Guillermo Urbina, los cuales obtuvieron la protección federal contra la ejecución de los trabajos de desmonte del proyecto ferroviario del Tramo 5 Sur, que va de Tulum a Playa del Carmen.
De acuerdo al segundo punto resolutivo dictado ayer en el amparo 923/2022, se otorgó la suspensión definitiva a Antonella Vázquez Cavedon contra los actos que reclamó del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la empresa Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., desde el 29 de abril pasado.
La medida cautelar decretó la protección federal contra el proyecto insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la falta de permisos y autorizaciones que conllevan a la planeación, ejecución, operación y desarrollo de actividades, la orden y ejecución de los trabajos de desmonte y cualquier otro relacionado.
Lo anterior, dicta el resolutivo, impedirá el desmonte en los municipios de Solidaridad y Tulum “por no realizarse bajo el estándar más alto de protección de derecho humano al medio ambiente sano y el agua de las comunidades afectadas”.
En las solicitudes de Manifestación de Impacto Ambiental en trámite de ambos tramos se reconoce que el área de influencia directa del Tramo 5 Sur alcanzará 40 mil 904.695 hectáreas con el desmonte de una cobertura vegetal de 485.476 ha, y del Norte un área de influencia de 11 mil 251.983 ha con un impacto vegetal de 282.872 ha.
En el mismo fallo, sin embargo, se negaron medidas cautelares a la misma quejosa contra la expropiación de terrenos que serán utilizados para el proyecto ferroviario de pasajeros y carga publicada en dos ediciones del Diario Oficial de la Federación, el 17 de enero y el 18 de febrero de este mismo año.
Los documentos que mediante el amparo se pretendieron combatir avalaron la declaratoria de causa de utilidad pública de 429 predios con una superficie de terreno de 7 millones 765 mil 274 metros cuadrados de propiedad privada, ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum.
De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) se enlistan primero 198 predios con una superficie de dos millones 410 mil 107.72 metros cuadrados de los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos, correspondientes al tramo 5 Norte.
Posteriormente, se avalaron otros 231 predios con una superficie total de terreno de 5 millones 355 mil metros cuadrados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum, relacionados con el tramo 5 Sur.
El amparo que obtuvo la más reciente suspensión definitiva estaba radicado originalmente bajo el número 316/2022 ante el Juzgado Quinto de Distrito de Quintana Roo, el 28 de marzo del presente año.
Pero el caso fue remitido a un juzgado federal con sede en Mérida, donde se concentran todo tipo de reclamos judiciales contra el Tren Maya.
Y GOBIERNO DECRETA EXPROPIACIÓN
El Ejecutivo federal decretó la expropiación de 36 inmuebles privados en los municipios de Solidaridad, Tulum y Benito Juárez para las obras del Tramo 5 del Tren Maya.
Los inmuebles expropiados suman 109.3 hectáreas y en el decreto, publicado en edición vespertina del Diario Oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) proceder a la ocupación inmediata de los predios.
Se desconoce quiénes son los dueños de las propiedades, quienes tendrán derecho a una indemnización determinada por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
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