Brota la violencia vicaria en Quintana Roo

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Brota la violencia vicaria en Quintana Roo
  • Despojan de sus hijos a madres violentadas. Enfrentan mujeres acusaciones infundadas y litigan custodia de los menores.
MARCO ANTONIO BARRERA

CANCÚN, Q. ROO.- Son las víctimas que llegaron al último eslabón de la violencia contra las mujeres, la que separa una delgada línea del feminicidio. Son quienes antes padecieron a mano de sus exparejas todo tipo de agresiones: verbales, psicológicas, sexuales, económicas y patrimoniales.

A pesar de que esas mujeres resistieron el maltrato físico, ahora enfrentan lo más duro, lo que lastima y marca de por vida, el arrebato legal de sus hijos.

“Es una muerte que te dan en vida, te desaparecen y te anulan como madre, mientras que dejan a niñas y niños huérfanos de una mamá que está viva”.

Son al menos 50 casos documentados de madres de familia que en tribunales familiares orales de Quintana Roo litigan la custodia de sus hijas e hijos, luego de enfrentar acusaciones maquinadas en su contra por cargos penales fantasmas.

A pesar de que las acusaciones se desestimaron por improcedentes, en el camino se decretaron medidas cautelares que las separaron abruptamente de sus menores hijos, con lo cual se rompió el vínculo filial materno-infantil, y les impide verlos desde hace meses o años por la insensibilidad de jueces.

Las afectadas de esta situación se reconocen como víctimas de la violencia vicaria; es decir, aquella en la cual el agresor utiliza generalmente a los menores de edad para dañar a la mujer o a su expareja.

Es una práctica legal que soporta a una justicia fundada en la injusticia, de la cual el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, ha insistido en que se debe terminar y dar paso a juzgar con perspectiva de género.

La realidad es que a consecuencia de una mala práctica jurídica y la presunta complicidad de algunos servidores públicos se inclina la balanza a favor de padres agresores, que se desentienden o se niegan a cubrir una pensión alimenticia.

La vocera del Colectivo Feminista Xtabay Quintana Roo e integrante de la Red de Víctimas Quintanarroenses, Ariadne Song Anguas, expresó que desde esa red de apoyo se acompaña legal y moralmente a las mujeres víctimas, sobre todo cuando acuden a los Juzgados Orales Familiares de Cancún.

La señora L.A.V. se divorció en noviembre del año pasado, pero en abril siguiente fue requerida por un Ministerio Público acusada de al menos cinco delitos. El llamado tenía como objetivo hacerle preguntas a su hija de 11 años de edad.

El abogado de su expareja la intimidó con llevarla a prisión por más de una década, a menos de que le entregara la custodia de su hija. El investigador avaló la inexistencia de pruebas, pero la menor fue separada de su madre.

“Pero el daño ya está causado porque ya me quitaron a la niña. Desde ese día no he podido volverla a ver. Tengo más de seis meses que ni siquiera he escuchado su voz. No me han dejado ninguna comunicación con ella”.

El caso se debate en los juzgados familiares y para la vocera del Colectivo Feminista entre juezas y jueces se promueve la violencia institucional.

“La madre ha pedido en múltiples ocasiones poder convivir o tener comunicación con su hija, y lejos de aplicar el Protocolo con Perspectiva de Género y el Protocolo con enfoque por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, los jueces se vuelven cómplices de agresores, cuando prácticamente la madre es quien está involucrada en todos los cuidados de los menores, niñas, niños y adolescentes para que pueda reconectarse con ellos”.

Otra de las víctimas originaria del estado de Morelos cuenta que su expareja que tiene también la custodia provisional “no quiere llegar a acuerdos y la quiere seguir sometiendo. Me la quitó cuando tenía ocho años de edad, cuando tenía 35 kilos de peso; de eso ya pasaron dos años, ahora tiene 10 años y pesa 20 kilos. Es una angustia pensar que vive con el agresor”.

En nueve meses de juicio lo único que ha logrado es ver a su hija un par de horas, pero de manera supervisada. En todo ese tiempo, la madre de familia se perdió la salida escolar o cuando mudó los dientes. Para la menor la huella de abandono persiste, igual que la manipulación que sobre ella ejerce su expareja. “Se rompe y destruyen la relación completamente”.

A otra de las madres víctimas, que igual prefiere permanecer en el anonimato, le arrebataron sus dos hijas y el responsable ya no le contestaba las llamadas. “Me sentía muy sola, como en un pozo, que gritaba y nadie me podía escuchar. No puedo creer que me quiten a mis hijas poco a poco”.

Los procedimientos legales son largos y se retrasan más por vacaciones, enfermedad o ausencias del juez, pero también son costosos, al tener que cubrir los honorarios de un abogado o solventar gastos que, aunque parecieran mínimos, en realidad no son: copias fotostáticas que cuestan 50 centavos cada una en expedientes de hasta mil fojas o las certificaciones de documentos o videos con un costo de 300 pesos cada uno.

A lo anterior se suma, como en el caso de la entrevistada, que en alguna ocasión demandó a su expareja una pensión alimenticia de mil 500 pesos, pero ahora desde su nueva posición le requiere el doble y sufragar los costos del juicio.

La mujer recordó que cuando tuvo que salir del hogar se quedó sin nada y se fue con la ropa que llevaba puesta. Ahora para solicitar la custodia legal le piden demostrar que tenga casa, seguridad social, estabilidad laboral y solvencia económica.

“No es algo feo sino lo que sigue, me levanto con angustia, vivo con impotencia y con miedo. Pasan los segundos, minutos y días y esto no termina. Ver vacía su cama, mirar sus juguetes, escuchar preguntas de sus amiguitos… hay que aguantar y dar explicaciones siempre”.

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