Por KUKULKÁN
AUNQUE los diputados de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo tratan de minimizar la sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que encontró ‘vicios de competencia’ en el actuar del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo (TJA) y el riesgo de que con ello todos sus actos jurisdiccionales —resueltos desde enero de 2018 a la fecha— puedan ser declarados inválidos, el organismo presidido por el magistrado Jesús Antonio Villalobos Carrillo tiene pendientes por resolver una decena de incidentes sobre juicios adversos a ex funcionarios borgistas acusados por delitos graves cuyo fondo tocará analizar en el futuro inmediato a la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ).
LA PRIMERA en ganar uno de estos juicios fue Claudia Romanillos Villanueva, ex titular del extinto Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado, acusada y perseguida por el gobierno de Carlos Joaquín González por presunto lavado de dinero por la cantidad de 900 millones de pesos, al utilizar el cargo público para comercializar predios de gran valor a precio de remate cuyos beneficiarios fueron familiares y personas allegadas al ex gobernador Roberto Borge Angulo. Precisamente su asunto (de varios que tiene pendientes en esta batalla legal) fue el resuelto por la Segunda Sala del máximo tribunal del país y que hoy tienen metido en un brete jurídico tanto al TJA como al TSJ.
EL EQUIPO de defensores de Romanillos Villanueva logró comprobar que la puesta en operación del TJA incumplió con los requisitos que le exige la Carta Magna local (específicamente que la declaratoria de su funcionamiento la autorizó la Comisión Permanente y no el Pleno del Congreso local) y al advertir esta inconstitucionalidad ordenó a la Sala Constitucional reponer el procedimiento y echar abajo la sentencia dictada por el TJA a través de la cual inhabilitó a Romanillos Villanueva para ocupar cargos públicos hasta por diez años.
EL MISMO desenlace se espera tendrá la decena de juicios pendientes de resolver por el organismo presidido por el magistrado Villalobos Carrillo, con lo que se le cargará la chamba al presidente magistrado de la Sala Constitucional del TSJ, Juan García Escamilla, quien no tendrá de otra más que aplicar el criterio de la Segunda Sala en todos los asuntos de ex borgistas que lleguen a su escritorio. Por eso no se entiende la postura pusilánime asumida por los diputados locales, en particular de Hugo Alday Nieto quien con tecnicismos legales pretende salirse por la tangente del fondo de este asunto, que es reponer el error cometido desde la XV Legislatura.
PARA este legislador tiene poca importancia el criterio de la ministra de la SCJN, Yasmín Esquivel Mossa quien advirtió: ‘Sobre el vicio de competencia declarado por esta Segunda Sala, hago notar que todos los actos jurisdiccionales derivados de este Tribunal de Justicia Administrativa pueden ser declarados inválidos, basado ello en que es inconstitucional la Declaratoria 006 de inicio de funciones de dicho órgano jurisdiccional’. Según Alday Nieto, se trata sólo de un ‘voto concurrente’. Y tiene razón. Pero hay que recordarle a él que es abogado, que también es un criterio del máximo tribunal del país de observancia obligatoria para la justicia federal.
LO MÁS grave es que la XVII Legislatura está por aprobar el Presupuesto de Egresos para 2023 en el cual se contempla otorgarle al ‘incompetente’ Tribunal de Justicia Administrativa la cantidad de 66 millones 667 mil 441 pesos, lo cual sería un error que no sólo traería consecuencias económicas para un gobierno que busca eficientar los recursos, sino también de responsabilidades para los diputados que deben velar por la legalidad de todos los actos del servicio público. Sería como echarle dinero bueno al malo.
