- El ex consejero electoral, Alfredo Figueroa, afirmó que Morena negoció con el PT y PVEM un fraude a la ley a través del “Plan B”.
MAYOLO LÓPEZ Y ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Legisladores, académicos y ex consejeros electorales coinciden en que el llamado “plan B” del Presidente Andrés Manuel López Obrador significa un golpe a la Constitución.
El senador Germán Martínez apremió a la Cámara alta a “patear el intento autoritario” que representa la minuta electoral aprobada en la Cámara de Diputados.
Abogado constitucionalista, el legislador del Grupo Plural afirmó que el paquete de leyes secundarias aprobado por Morena y sus aliados en San Lázaro, tiene visos de inconstitucionalidad que ameritan su rechazo.
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“Hay un fraude a la Constitución y una violación a la Constitución en el procedimiento, porque se ha presentado en dos periodos distintos la misma sustancia constitucional y legal, y porque hay la intención de presentar una tercera iniciativa en el mismo año por el Presidente. Eso es anticonstitucional”, dijo en entrevista.
“Hay asuntos constitucionales que se quieren llevar en leyes secundarias, como todo el servicio administrativo (del INE) que depende de la Secretaría Ejecutiva, el modelo de propaganda gubernamental o hasta el financiamiento público a los partidos. Todo eso está en la Constitución”, mencionó.
El ex panista señaló se legisla desde Palacio Nacional y al coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, le llevan los papeles a firmar.
“Como no hay coordinador confiable en Morena, el Secretario de Gobernación dicta línea desde las mañaneras a los senadores. Se está legislando sin división de Poderes. El Senado debe rechazar el estilo, la forma y el fondo de esta reforma”, insistió.
Para el presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, la minuta en materia electoral es inconstitucional.
No solo por las irregularidades del proceso legislativo, explicó, sino porque se insistió en discutir temas que fueron desechados de la reforma constitucional.
Expuso que tras la discusión de la reforma a la Carta Magna que no alcanzó mayoría calificada, Morena presentó de inmediato el paquete de modificaciones a seis leyes secundarias.
“El artículo 72 de la Constitución prohíbe que se vuelva a presentar una iniciativa que ya había sido rechazada. Es el caso del ‘plan B’ de Morena, que contiene elementos de la iniciativa de reforma constitucional que fue desechada”, señaló.
Advirtió, además, sobre la disposición que establece que todo proyecto de ley o decreto que haya sido desechado en la Cámara de origen, no se podrá volver a presentar en las sesiones del año.
Desde su punto de vista, hay elementos suficientes para acudir a la Suprema Corte de Justicia para pedir la invalidez de lo aprobado.
Creel advirtió algunas el “plan B” de López Obrador contiene propuestas de la iniciativa de reforma constitucional que ya había sido rechazada, y hay contenidos que van en sentido contrario a la Constitución.
El legislador del blanquiazul reiteró que hay todos los elementos para argumentar ante la Corte la inconstitucionalidad del “plan B”.
FRAUDE A LA LEY
Luis Eduardo Medina, experto electoral de la UAM, consideró que, de entrada, en la minuta hay al menos tres artículos que deberían ser declarados anticonstitucionales.
“Primero, se permite la postulación de candidaturas comunes; segundo, introducen un trasvase de votos mediante convenio para mantener el registro, y tercero, la parte más obvia del 3 por ciento de la votación. La inconstitucionalidad está en varias partes”, refirió.
En tanto, el ex consejero electoral, Alfredo Figueroa, afirmó que Morena negoció con el PT y PVEM un fraude a la ley.
Sostuvo que garantizar a sus aliados “vida eterna”, a través del traspaso de votos, es inconstitucional, lo que deben corregir en el Senado y en la Corte.
“En una revisión de la Constitución se encontrará que esto es hacer fraude. Esta reforma es inconstitucional”, apuntó.
Medina y Figueroa recordaron que la “cláusula de la vida eterna” fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en 2008, después de que Convergencia, PVEM, PT y Nueva Alianza exigieron anular la reforma que los obligaba a aparecer solos en la boleta electoral.
Antes de esto, indicó Figueroa, los logotipos de partidos en alianza aparecían en un solo recuadro, por lo que no se sabía cuántos votos correspondían a cada uno, y la distribución de boletas se daba mediante convenios entre los institutos aliancistas.
Si los partidos no alcanzaban el porcentaje para mantener su registro, sus aliados se los transferían.
“La Corte dijo que este intento de transferir votos a los partidos bajo ‘la cláusula de la vida eterna’ era inconstitucional, tenemos un precedente, no es que obligue, pero hay una sentencia ya”, indicó.
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