- Dos mujeres que trabajaban en el Motel Nueva Castilla fueron imputadas ayer por los presuntos delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones.
VICTORIA FÉLIX / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- Dos mujeres que trabajaban en el Motel Nueva Castilla, donde fue hallado el cuerpo de la joven Debanhi Escobar, fueron imputadas ayer por los presuntos delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones.
Tras diferirse cuatro veces, la audiencia de imputación finalmente se realizó, y la defensa de las acusadas, ahora ex empleadas, pidió la ampliación del plazo constitucional para la vinculación a proceso, que se pospuso para el lunes 9 de enero a las 16:30 horas.
Será entonces cuando el juez de Control determine su presunta responsabilidad en el caso de desaparición y posterior muerte de Debanhi.
Los padres de la joven, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, dijeron sentirse confiados en que la determinación del juez ayudará a avanzar en la investigación de la muerte de su hija.
“Estamos satisfechos en el sentido de que vemos una luz al final del camino después de casi nueve meses de lucha donde hay un antes y un después de lo que pasó con Debanhi, y en ese sentido no vamos a descansar hasta sentar un precedente”, apuntó Mario Escobar.
Además, indicó que para el 24 de enero tendrán una audiencia con personal de la Fiscalía General de la República a las 11:00 horas en la Ciudad de México, donde conocerán los hallazgos de la diligencia que hizo la dependencia federal en el motel el 15 de diciembre.
Aunque se había solicitado la firma periódica como medida cautelar, el Juez lo negó, pero sí apercibió a las imputadas de la declaratoria de sustracción en su contra en caso de desatender la audiencia.
La audiencia de ayer duró cinco horas, de las 14:00 horas hasta las 19:00 horas, y fue de manera virtual y privada.
Las ex empleadas Ana Luisa y Élida Yurith son investigadas por presuntamente dar declaraciones falsas a las autoridades en la investigación.
La casa de una de ellas, que era recepcionista del motel, fue cateada el 19 de agosto pasado, y le aseguraron ocho teléfonos celulares.
Posteriormente, el Ministerio Público cateó el domicilio de la otra empleada.
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