Por KUKULKÁN
AHORA que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha identificado a los inversionistas de Grupo Xcaret como los ecocidas de reservas naturales en Quintana Roo y principales opositores a la construcción del Tren Maya, casualmente los empresarios Oscar Constandse Madrazo y Marcos Constandse Redko recurrieron a la justicia federal para solicitar un amparo contra la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano que les ha impedido vender dos valiosos predios en la Riviera Maya de su presunta propiedad: ‘Las Camacas’ y ‘Los Kambules’.
RESULTA que los Constandse, a través de su representante legal Enrique Alejandro Álvarez León solicitan en su demanda de amparo medidas cautelares por una supuesta ‘omisión’ de esta Secretaría de emitir un acuerdo de procedencia ante una solicitud de enajenación sobre los predios. En otras palabras, no les dejan vender sus terrenos, según su argumentación. Sin embargo, los datos de las autoridades federales olfatean la sospecha de que ambos predios fueron adquiridos de forma irregular o de forma mal habida, gracias a los beneficios que los accionistas de Grupo Xcaret han recibido desde el poder. Por lo pronto, ambos juicios de garantías fueron admitidos a trámite y en las próximas semanas se sabrá el desenlace de esta serie a la que muchos ya comienzan a llamar como ‘Los ricos también lloran’.
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EL PRIMERO en acatar el fallo con que la justicia federal autorizó el ingreso legal de UBER a Quintana Roo, fue el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo al reportar el pasado 7 de marzo el cumplimiento de la ejecutoria decretada por un tribunal revisor ante el amparo 23807616 del Juzgado Cuarto de Distrito a través del cual se resolvió que es legal la operación del sistema de transporte vía plataforma digital en la geografía estatal por tratarse de un servicio privado diferente al prestado por los taxistas sindicalizados, que es de carácter público.
PERO todavía en algunos sectores de taxistas hay quienes bajo su libre albedrío interpretan que la operación de Uber sigue estando en el limbo jurídico y la competencia desleal, mientras no se reforme la Ley de Movilidad Pública ni se expida su reglamentación, por lo que continúan a la cacería de choferes del servicio particular de transporte a pesar del llamado sus líderes sindicales que han solicitado respetar el estado de Derecho y en algunos casos como en el municipio de Solidaridad hasta han empezado a aplicar sanciones contra los renuentes.
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GRAN REVUELO causó entre autoridades migratorias mexicanas del aeropuerto internacional de Cancún la confusión de un homónimo del embajador de Hungría en Chile, András Drexier quien denunció que desde el pasado 7 de febrero padece retención, incomunicación y los demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución como ‘la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales’, por parte de la delegación federal del Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo que puso en duda la autenticidad del pasaporte del presunto agraviado así como la confiabilidad sobre sus motivos para viajar al caribe mexicano.
POR ESTOS hechos el quejoso András Drexier recurrió al amparo y protección de la justicia para evitar la aplicación de cualquier acto privativo de libertad, orden y ejecución de su detención con fines de deportación, destierro, extradición y/o expulsión del país. Su caso fue turnado al Juzgado Noveno de Distrito y el pasado 10 de marzo se resolvió otorgarle la suspensión provisional contra cualquier acto de Migración. El revuelo por la confusión del personaje continuó en los tribunales y la prensa local, hasta que ayer finalmente la aclaración vino por parte de Barbara Szécsi del Consulado de la Embajada de Hungría en Santiago de Chile a través de un mensaje de Whatsapp: “Le informamos que se trata de dos personas distintas que tienen el mismo nombre y apellido. El caso NO corresponde al Sr. Embajador, Dr. András Gábor Drexler. Saludos cordiales”.
