- Legisladores del Congreso de Quintana Roo reconocen tácitamente la “errónea” aprobación del decreto 007, de diciembre de 2022.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Legisladores del Congreso de Quintana Roo reconocen tácitamente la “errónea” aprobación del decreto 007, de diciembre de 2022, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo reducir presupuestos de los otros poderes y órganos autónomos del estado bajo el argumento de austeridad institucional para generar ahorros con fines sociales.
Al interior del Congreso, diputadas y diputados buscan un acuerdo con los magistrados del Poder Judicial y ofrecen una modificación de su presupuesto para el presente ejerció fiscal, con el cual pueda garantizarse suficiencia para realizar todas sus obligaciones jurisdiccionales, reconoció Humberto Aldana Navarro, legislador presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y coordinador del grupo parlamentario de Morena.
Aldana Navarro habló sobre los acercamientos que mantienen con la Presidencia del Poder Judicial, ocupada por Heyden Cebada Rivas, para poder rediseñar el acotado presupuesto del Tribunal Superior de Justicia que, para este año, fue de 714.6 millones de pesos, apenas 9 millones más que en 2022, cuando se les aprobó 705.8 millones de pesos.
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“Hablamos de la afectación que sienten desde el Poder Judicial de haber sido alterados en su presupuesto, para ellos no fue bueno hacer válida la propuesta de austeridad y reducirles el presupuesto de la manera como se les redujo.
“Estamos preparando una propuesta para reformar el tema del presupuesto judicial que contenga un fin de austeridad, pero que también sea suficiente para realizar las tareas que ese Poder tiene por obligación”, manifestó Aldana.
Aclaró que se trata de un tema separado del juicio por controversia constitucional 227/2023 que se mantiene en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los ministros deberán pronunciarse sobre la queja interpuesta por los magistrados locales, aunque este puede retirarse en caso de que se logre un acuerdo fuera de la Corte, deslizó el diputado.
Advirtió que aun cuando ambas partes muestran voluntad para resolver el asunto y cumplir la política de austeridad, no se trata de permitir derroches o dispendios, sino de otorgar lo mínimo necesario para los trabajos de impartición de justicia.
El Poder Judicial presentó ante la SCJN una controversia que impugna el artículo 67 del Decreto 007, aprobado en diciembre de 2022, que a la letra dice:
“Durante el ejercicio fiscal que corresponda, con la finalidad de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance presupuestario y del balance presupuestario de recursos disponibles se podrán realizar ajustes a los presupuestos del Poder Judicial, el Poder Legislativo y de los órganos constitucionales autónomos durante el ejercicio fiscal que corresponda, con base en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y el artículo 35 la Ley de Presupuesto y Gasto Público del estado de Quintana Roo”.
A partir de este decreto, se aprobó una reducción de 10% al gasto operativo de los órganos autónomos respecto al presupuesto ordinario para el 2022, que en conjunto representa un ahorro de 41 millones 560 mil 668 pesos.
