EUGENIO PACHECO
PUERTO MORELOS, Q. ROO.- Los cerca de 200 millones de pesos que el Ayuntamiento de Puerto Morelos adeuda al IMSS, al Sistema de Administración Tributaria (SAT) federal y al de Quintana Roo (SATQ) son las principales causas de investigación por el daño financiero que heredó al municipio el gobierno de Laura Fernández Piña.
También deben sumarse las afectaciones a la población por la imposibilidad de dotar de alumbrado público, ante la sospechosa contratación de una Asociación Público-Privada (APP) por 800 millones de pesos que en 20 años debía pagarse con recursos del Ayuntamiento y que no permite por el momento operar ese servicio público.
Por todo ello la actual presidenta municipal Blanca Merari Tziu Muñoz advirtió que las indagatorias se mantienen abiertas y se continúan sustanciado y robusteciendo los expedientes y las carpetas de investigación en contra de la ahora diputada federal Laura Fernández Piña.
- Temen inversionistas que AMLO gobierne tras bambalinas.- WSJ
- Prevén dar recursos a Tren Maya de carga
- Desempolvan torturas de Caso Cassez
Recientemente se firmó un convenio con el IMSS para pagar la deuda heredada de la pasada administración, al omitir ilegalmente trasladar los recursos que se retuvieron a los trabajadores por el pago de esa prestación social, y eso servirá como una prueba más del mal manejo de las finanzas y el daño patrimonial al Ayuntamiento, apuntó Blanca Merari.
“Laura Fernández dejó una deuda al IMSS por 90 millones de pesos, por desviar las retenciones de los trabajadores y ahora ese monto ya escaló por intereses los 120 millones de pesos, estamos tratando de agilizar el expediente en la Fiscalía General de la República, pero no dependen de nosotros, no quitamos el dedo del renglón y pronto habrá resultados”, expresó la alcaldesa de Puerto Morelos.
El convenio con el IMSS representa pagar 600 mil pesos mensuales al mes por cinco años, ese dinero se distrae y se deja de utilizar para obras o programas sociales.
La deuda al SATQ representan otros 50 millones de pesos que actualmente se pagan de igual manera a razón de 600 mil pesos mensuales, mientras que al SAT federal se le deben 30 millones aproximadamente, y se busca lograr un convenio para pagarlo también en abonos, aunque esto todavía se negocia con el gobierno de la República.
Los tres conceptos de deuda pública significan casi la mitad del presupuesto anual promedio de este Ayuntamiento que para 2023 es de 593 millones, y se distraen los recursos afectando las acciones de gobierno, porque la ciudadanía no sabe de denuncias o investigaciones, quiere ver trabajo y resultados, insistió la presidenta municipal.
Blanca Merari no descartó pedir apoyo del gobierno federal para agilizar las denuncias y recuperar el daño patrimonial, además de operar lo legalmente necesario y se cancelen los contratos de Asociación Público-Privada que se autorizaron en la Legislatura anterior a propuesta del gobierno de Laura Fernández.
El contrato que concesiona el alumbrado público por 20 años y otra por la construcción de la primera etapa del Palacio Municipal representan en conjunto pagar 4 millones de pesos al mes, es una deuda de largo plazo que debilita las finanzas municipales, por ello nunca se pagaron y ahora sirven también para demostrar que hay cuentas que aclarar por parte de Fernández piña.
“Entonces sí es una deuda considerable, entonces sí hay algo que perseguir, y que sí hay cuentas por aclarar, por supuesto que las hay y no vamos a quitar el dedo del renglón hasta darle resultados a los ciudadanos que quieren ver trabajo”, finalizó Blanca Merari.
