- Dos grupos de extorsionadores han doblegado tanto a empresarios y dueños de comercios establecidos como a personas que trabajan en la vía pública en la Alcaldía Iztapalapa.
ELTHON GARCÍA / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Dos grupos de extorsionadores han doblegado tanto a empresarios y dueños de comercios establecidos como a personas que trabajan en la vía pública en la Alcaldía Iztapalapa, gobernada por la morenista Clara Brugada, quien aspira a ser Jefa de Gobierno en 2024.
Desde los voceadores hasta los vendedores de bebidas, dulces o cigarros e incluso los limpiaparabrisas tienen que pagar sin distinción para poder ocupar un espacio en cruceros y camellones.
Las “cuotas” son fijas y van desde los 10 pesos diarios hasta los 50 o 70 a la semana por cada persona.
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Los afectados coinciden en que existen dos organizaciones que operan sin que las autoridades intervengan en vialidades principales como Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa, Periférico Oriente Canal de Garay, Eje 6 Sur Trabajadores Sociales, Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez y Calzada Ignacio Zaragoza.
Una de ellas se autodenomina Unión de Mujeres de Oriente, aunque los comerciantes aseguran que en realidad la integran hombres y están ligados a una célula de delincuentes, en su mayoría de origen colombiano, conocida como “Los Pacos”.
Quienes forman parte del otro grupo son más reservados, señalan, pero se ostentan como afines a la red de La Unión Tepito.
Para “uniformar” a las personas que extorsionan y tener más control sobre ellas, los obligan a usar chalecos, cuyo costó es de 200 pesos y ellos mismos se los venden.
“Te dicen que es por seguridad, para que nadie te moleste”, explican.
Aunque algunos recuerdan que comenzaron a padecer extorsiones desde hace unos 5 años, a inicios de 2023 se recrudeció el problema por la violencia que ahora emplean los delincuentes.
En ese lapso, revelan, han sido asesinados dos de sus compañeros y sospechan que los crímenes fueron ejecutados por los grupos que les cobran derecho de piso.
En el caso de los voceadores, al menos ocho han dejado de trabajar en la zona por las condiciones de inseguridad.
La mayoría de víctimas son personas que acumulan entre 15 y 25 años de experiencia en las actividades que realizan y sus ingresos son la base económica de sus familias.
Por eso reconocen que prefieren pagar para conservar su lugar de trabajo, que exponerse a sufrir agresiones y buscar otro empleo.
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