- Dos integrantes del Pleno del TJA presentaron este martes ante el Congreso del estado sus solicitudes para ser reelectos al cargo por un periodo de seis años más.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Sin resultados conocidos o a la vista pública, dos integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) presentaron este martes ante el Congreso del estado sus solicitudes para ser reelectos al cargo por un periodo de seis años más.
Sustentado con expedientes que supuestamente contienen los trabajos realizados como integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, los magistrados Alfredo Cuéllar Labarthe e Isabel Cecilia González Glennie solicitaron su reelección al cargo como lo permite la Ley Orgánica de este órgano.
El trámite se realizó cuando la inconstitucionalidad del TJA no se aclaró del todo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró en 2022 que no se cubrió completamente la ruta legal para la conformación del Tribunal, en cuanto a la instalación y el nombramiento y protesta de los primeros integrantes, entre ellos los magistrados que ahora quieren reelegirse.
El magistrado presidente del TJA, Jesús Antonio Villalobos Carrillo, cumpliendo con el procedimiento de ley, fue el encargado de entregar ante el Congreso del estado la solicitud y los expedientes respectivos.
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El funcionario aseguró que desde su punto de vista personal no hay alguna situación legal que pueda ser un obstáculo para proceder a la reelección de estos magistrados y consideró viable su continuidad en el cargo.
Además, rechazó que exista algún tema legal que pueda poner en duda la firmeza en la creación de ese organismo jurisdiccional, y aseguró que a través de una estrategia mediática se trató de desacreditar o poner en duda la inconstitucionalidad del mismo, “sin embargo el Tribunal y sus resoluciones están y seguirán firmes”, aseguró
El magistrado Alfredo Cuéllar Labarthe es actualmente titular de la Segunda Sala Unitaria con sede en Playa del Carmen; mientras que Isabel Cecilia González, preside la Tercera Sala Unitaria en Cancún.
Ambos forman parte de la primera configuración del Tribunal administrativo, creado en diciembre de 2017, y finalizan su periodo de seis años a finales del mes de diciembre de este 2023, y la ley les permite un periodo más por igual temporalidad.
Los diputados tienen hasta este mismo fin de año para determinar si procede o no su reelección, después de analizar los expedientes respectivos presentados.
A mediados de 2022 un juicio de amparo concedido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad del Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo, promovida por la extitular del Instituto del Patrimonio de Quintana Roo, ahora Agepro, Claudia Romanillos.
Uno de sus abogados, Ángel Torres Fritz, confirmó el amparo de la justicia federal a favor de esta exfuncionaria, porque se detectaron vacíos legales en la instalación del Tribunal de Justicia Administrativa que no le dan certeza jurídica a sus juicios y sentencias.
De acuerdo a esa resolución existieron vicios e irregularidades cometidas desde el Poder Legislativo en el decreto de inicio de funciones y las reiteradas acciones cometidas por los magistrados de ese Tribunal, cuyo origen debió ser el Pleno del Congreso del Estado, y no la comisión permanente en el que se votó y que le quita toda la legalidad para impartir justicia.
