- Los impostores que fueron bajados de las candidaturas por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- En un decisivo fallo emitido por los magistrados de la Sala Regional en Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuatro candidatos impostores a distintos Ayuntamientos de Quintana Roo fueron exhibidos, y anulada su postulación después de ser impugnada por representantes de organizaciones de personas con discapacidad.
Los implicados en este penoso caso son personas en pleno goce de sus capacidades físicas y motrices, acusadas de usurpar espacios legalmente destinados para personas con discapacidad, por lo que enfrentaron la revocación tras un proceso legal que destacó la falta de integridad en su proceder.
Los candidatos exhibidos pertenecían a dos coaliciones prominentes: tres de ellos de “Fuerza y Corazón por Quintana Roo” (PAN-PRI): Yamina Rosado Ibarra, candidata a la Primera Regiduría en Othón P. Blanco; José Luis “Chanito” Toledo Medina, postulado para la Sindicatura en Solidaridad; y Ana Gabriela Arana Martin, quien aspiraba a la sindicatura en Cozumel.
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Los mismos magistrados ordenaron también la revocación de la candidatura de Sonia Betancourt Castro, candidata a la Primera Regiduría en la planilla de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” para Othón P. Blanco.
La controversia se desató a partir de la denuncia de dos ciudadanos, identificados como personas con discapacidad, quienes sin éxito recurrieron al Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) a presentar un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de los Ciudadanos.
Aunque inicialmente fueron rechazados por falta de interés jurídico, en segunda instancia apelaron la decisión del organismo estatal ante la Sala Regional del TEPJF, cuya resolución evidenció una clara falta de representatividad genuina de las discapacidades por parte de los candidatos usurpadores.
Para todos los casos, los magistrados ordenaron al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), emitir nuevos acuerdos respecto a la postulación para esas candidaturas, tomando en cuenta el reclamo de los denunciantes.
El juicio fue resuelto este miércoles y los magistrados de la Sala Regional dieron un plazo de 72 horas para reparar el daño, garantizando que se respete la representación legítima de la comunidad discapacitada.
De acuerdo con los denunciantes, este tipo de eventos resaltan una problemática recurrente en la política local, donde la usurpación de derechos y espacios destinados a grupos vulnerables no sólo infringe normativas electorales, sino que también socava la confianza en los procesos democráticos.
La decisión del Tribunal refuerza la importancia de la representación auténtica en los cargos públicos y subraya el papel vigilante que deben jugar las instituciones para proteger los derechos de todos los ciudadanos.
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