Por KUKULKÁN
LAS POSTURAS irreductibles que mantiene polarizados a vencedores y vencidos del pasado proceso electoral, ahora por el tema de la reforma al Poder Judicial, fueron sometidas al plebiscito ciudadano a través de las salomónicas encuestas, ese instrumento de la democracia moderna que parece haber llegado para quedarse dentro del sistema político mexicano como un mecanismo mediador de las diferencias en la toma de decisiones importantes del país, como si un par de preguntas mal formuladas y un margen de error del 5% fueran el oráculo infalible de la opinión pública.
ANTE la negativa del bloque conservador a mover un ápice del actual sistema de justicia muy alejado del pueblo y cerca de los intereses de grupos oligárquicos, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y su partido optaron por las encuestas y la realización de foros abiertos para escuchar la diversidad de posiciones, como el mejor camino para validar la reforma judicial, esa misma que tiene a medio México con los pelos de punta y a los sectores empresariales rezando para que el ‘apocalipsis’ no llegue antes del próximo ciclo fiscal.
DESPUÉS de todo, si el pueblo habló el pasado 2 de junio dando un triunfo avasallador a Claudia Sheinbaum y el poder casi absoluto en el Congreso de la Unión para llevar a cabo no sólo la reforma judicial sino el llamado ‘Plan C’, ¿qué representan un puñado de inconformes para cuestionar la sabiduría de las masas? Especialmente cuando esas masas fueron interrogadas por las prestigiosas De las Heras y Enkoll, empresas encuestadoras que, por supuesto, tienen una precisión quirúrgica en sus predicciones. A nadie debe sorprender que la democracia plebiscitaria entrará en operación cuando el diálogo esté agotado.
LA VIRTUAL presidenta electa, Sheinbaum, no perdió tiempo en presentar los resultados de las encuestas mandadas hacer por Morena: un ejercicio democrático de entrevistas cara a cara en viviendas, con un muestreo de mil 202 a mil 458 personas, de lugares indeterminados, para definir el futuro del Poder Judicial de todo un país. Y aquí la nota de ocho columnas: el 80% de los consultados consideraron necesaria la reforma, aunque la mitad no tenía ni idea de su existencia y mucho menos en qué consiste. ¡Vaya sorpresa!
LA DANZA de las cifras continúa con un generoso 77% que apoya la reforma, una corrupción judicial que, según los encuestados, va desde “todos son corruptos” hasta “casi todos son corruptos”, y un abrumador 75% que quiere elegir a sus jueces, magistrados y ministros directamente en las urnas. Porque, claro, si algo ha demostrado ser efectivo es dejar las decisiones complejas y polémicas de gobierno a la elección popular. No nos olvidemos del toque final: un órgano independiente que vigile y sancione a los jueces corruptos, aprobado por el 89% de los encuestados.
PERO ¿qué pasará si después de encuestas y foros no se llega a un consenso? Aquí es donde la trama se espesa. Sin un acuerdo, la reforma judicial se enfrentaría a un pantano legislativo, con los opositores aprovechando cada resquicio legal y político para frenar su avance. Este escenario no sólo paralizaría el sistema judicial, sino que también exacerbaría la ya de por sí profunda polarización política, con protestas, bloqueos y un desgaste institucional que podría llevar años revertir. En este juego de tronos, donde cada movimiento es crucial, las posturas irreductibles podrían costarle a México mucho más que una simple reforma.
