Por KUKULKÁN
SEDE de los Poderes del Estado de Quintana Roo, Chetumal es una ciudad con una idiosincrasia única. Aquí, el aire se carga de una extraña mezcla de nostalgia y desconfianza entre sus propios habitantes; un lugar donde el progreso se recibe con una ceja levantada y donde cualquier cambio, por pequeño que sea, se ve como una amenaza a esa zona de confort que tan celosamente se protege.
EL ÚLTIMO episodio de esta tragicomedia cotidiana tiene como escenario el Congreso de Quintana Roo y particularmente el derecho de un grupo de trabajadores y trabajadoras, exhaustos de largas jornadas, que ha solicitado algo tan básico y humano como un comedor y una sala de lactancia. No piden un palacio, ni un estadio, sólo un lugar donde comer y amamantar en dignidad.
PERO claro, estamos en Chetumal, donde incluso el sentido común es sospechoso. La obra, prevista para construirse a un costado del recinto legislativo –que para más ironía, tiene la forma de una gran concha marina–, ha levantado una polvareda. ¿El detonante? El resguardo temporal de la estatua del prócer estatal, don Andrés Quintana Roo, para protegerla durante la construcción.
EN CUALQUIER otro lugar del mundo, esto sería un gesto de respeto. Aquí, es una afrenta a la identidad estatal. O al menos, eso dicen los que gustan de agitar el avispero. No faltaron las voces indignadas. Las organizaciones civiles, con su habitual aire de guardianes del pasado, se apresuraron a condenar el proyecto. “Atenta contra nuestra historia”, clamaron, como si la historia fuera tan frágil que una estatua movida pudiera borrarla.
CUANDO les fue aclarado que la estatua no se iría a ningún lado, sino que volvería con un pedestal nuevo y más digno, la narrativa cambió. La inconformidad subió de tono: ahora el problema era el “oscuro” interés detrás del proyecto, además de que se corría el riesgo de afectar el recinto legislativo, considerado por decreto como Patrimonio Cultural del Estado, “contraviniendo numerosos ordenamientos y decretos”.
A TRAVÉS de un manifiesto difundido en redes sociales, las organizaciones civiles coincidieron en que es justo que los trabajadores del Congreso cuenten con un espacio digno para comer, siempre y cuando sea en un lugar que no afecte el edificio y a sabiendas de que el Poder Legislativo posee otros espacios aledaños en desuso que podrían utilizarse en el proyecto. “Bajo esas condiciones, no sólo no nos opondremos, sino que apoyaremos activamente cualquier proyecto de esa naturaleza”, concedieron.
DONDE tampoco se quedaron callados fue en la Cámara Nacional de la Industria de Alimentos Condimentados (Canirac) pues su gremio teme, con razón, perder las ganancias que les deja la afluencia de diputados y empleados del Congreso a restaurantes y carteras aledañas. Al parecer, la competencia es vista como una amenaza en lugar de un estímulo para mejorar. Porque, claro, nada duele más en Chetumal que salir de la zona de confort, aunque sea para ofrecer un mejor servicio.
EL CLÍMAX de esta tragicomedia lo apuntaló una reunión convocada por la diputada Jissel Castro Marcial, de la que se esperaba un diálogo, pero que a los ojos de los inconformes resultó ser una mera formalidad. Las “organizaciones civiles” encontraron argumentos poco convincentes y decidieron que, si no pueden detener el proyecto, al menos harán ruido suficiente para que parezca una conspiración.
ASÍ ES la vida en Chetumal: una constante lucha entre el estancamiento y el progreso. Una ciudad donde cualquier intento de mejora se enfrenta a un muro de desconfianza y hostilidad. Porque aquí, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y mientras tanto, los trabajadores del Congreso seguirán esperando un lugar digno donde comer y cuidar de sus hijos, soñando con un día en que el progreso no sea sinónimo de amenaza, sino de esperanza.
