- El conflicto legal entre el Gobierno de Quintana Roo y la empresa concesionaria Aguakan ha escalado en los últimos meses a una disputa jurídica que involucra a altos directivos del Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD).
RAQUEL FIERRO SYMONDS
CANCÚN, Q. ROO.- El conflicto legal entre el Gobierno de Quintana Roo y la empresa concesionaria Aguakan ha escalado en los últimos meses a una disputa jurídica que involucra a altos directivos del Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), corporativo industrial que controla el 51 por ciento de las acciones de la concesionaria del servicio de agua potable en la zona norte del estado.
El enfrentamiento tiene su origen en la decisión del Congreso estatal, en 2015, de ampliar la concesión de Aguakan hasta el año 2053, una prórroga que originalmente estaba prevista para expirar en 2023.
Según consta en documentos oficiales, la ampliación fue aprobada por el Legislativo durante el gobierno de Roberto Borge Angulo, a cambio de un pago de mil 50 millones de pesos, y hoy es objeto de litigios en juzgados y tribunales federales.
En su calidad de titular del Poder Ejecutivo, la gobernadora Mara Lezama promovió la revocación de dicha prórroga a través del Decreto 195, aprobado el 22 de diciembre de 2023 por el actual Congreso local. A raíz de esa acción, la empresa ha interpuesto una serie de amparos y recursos legales que han derivado en un proceso de alto perfil jurídico.
En ese contexto, el director general de Aguakan, Paul Andrew Rangel Merkley, enfrentó una orden de aprehensión el pasado 22 de diciembre; sin embargo, el intento de ejecución fue frustrado luego de que se impidiera el acceso de agentes federales a las oficinas de la empresa en Cancún.
La situación se repitió días después en la Ciudad de México, el 2 de enero de 2024, cuando se intentó detener a Jorge Eduardo Ballesteros Franco y Diego Xavier Avilés Amador, presidente del Consejo de Administración y director general adjunto de GMD, respectivamente. Los tres están acusados del delito de fraude procesal, debido a la presunta presentación de información falsa ante una autoridad judicial federal.
Tanto Rangel Merkley como los directivos del corporativo han solicitado amparos para evitar la ejecución de las órdenes de aprehensión. En el caso de Paul Rangel, el recurso fue promovido el 26 de diciembre de 2023 ante el Juzgado Segundo de Distrito, que le otorgó medidas cautelares para evitar su detención y suspender la emisión de alertas migratorias y fichas rojas de Interpol. La suspensión provisional determina que, en caso de ser detenido, su libertad quedará sujeta a lo que resuelva el juez de amparo.
Por su parte, Jorge Ballesteros Franco cuenta con una larga trayectoria empresarial. Es presidente del consejo en GMD, firma dedicada a proyectos de infraestructura en México, y también ha sido consejero independiente en Kimberly-Clark de México desde 1997. No obstante, su historial ha estado marcado por señalamientos: en 2001 fue acusado por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) por utilizar información privilegiada para obtener ganancias en la bolsa.
En 2021, su nombre apareció vinculado a los Pandora Papers, tras revelarse que su esposa, Ileana Zavala Colomé, había constituido sociedades en paraísos fiscales. Diego Xavier Avilés Amador, por su parte, ha formado parte del consejo de GMD desde 2012.
Con estudios de posgrado en la Universidad de Stanford, su experiencia profesional incluye cargos directivos en GMD Resorts SAB, especializada en desarrollos inmobiliarios turísticos. Al igual que Ballesteros, Avilés Amador promovió un amparo en enero de 2025 para evitar su captura, mismo que le fue concedido provisionalmente.
Mientras tanto, el litigio por el destino de la concesión de agua potable en Cancún sigue su curso en los tribunales federales, con una posible atracción del caso por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La privatización del servicio, vigente desde hace más de tres décadas, enfrenta así una de sus etapas más críticas.
