Zósimo Camacho
Un expediente en los archivos de la Fiscalía Regional de Naucalpan da cuenta de la operación de una supuesta red criminal al interior de esta dependencia. Estarían involucrados policías de investigación, agentes del ministerio público y una empresa dedicada al remolque de autos.
No se trata de una indagatoria interna, sino del expediente que se abrió contra una ciudadana a la que esta agencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México le despojó de su libertad por unos días, de su patrimonio y la violentó en los sótanos de la oficina de “procuración de justicia”. Todo, sin que la víctima fuera siquiera sospechosa de haber cometido delito alguno. Simple y sencillamente, la banda se la encontró en su camino.
El expediente abierto contra “Yolanda” (se usa seudónimo por protección de la víctima) están tan plagado de irregularidades que quedó como muestra para identificar el modus operandi de una banda probablemente dedicada a la extorsión y el robo. Lo peor, desde el interior de una oficina procuradora de justicia.
Este caso es un brutal recordatorio de que la reforma al Poder Judicial será siempre insuficiente para garantizar el acceso a la justicia si no se remueven, desde el fondo, las Fiscalías, tanto la General de la República, como las estatales.
La reforma debió ser integral y comprender no sólo al sector de la impartición de justicia –ministros, magistrados y jueces– sino al encargado de la investigación y procuración –fiscales, agentes del ministerio público y policías de investigación–. Peor aún, las fiscalías alcanzaron su autonomía del Poder Ejecutivo sin que antes fueran saneadas. En los hechos, se les dotó de más mecanismos de impunidad.
Era el viernes 15 de noviembre de 2024. A las 11:40 Yolanda concluyó la compra de abarrotes en una tienda de autoservicio ubicada en San Mateo Nopala, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Cuando llegó al estacionamiento, se percató de que dos hombres merodeaban frente a su auto.
Los individuos no portaban uniforme ni mostraron identificaciones que los acreditaran como policías. Tampoco conducían algún vehículo oficial sino una camioneta RAM particular, con placas MXD229A. Le dijeron que su vehículo tenía “reporte de robo” y que, por ello, debía acompañarlos a la Fiscalía de Naucalpan.
Yolanda había adquirido su automóvil meses antes mediante un contrato de compraventa legal en una agencia distribuidora de una marca reconocida, ubicada en Tlalnepantla, Estado de México.
Ella no daba crédito a las palabras de los dos hombres e intentó retirarse rápidamente del lugar. Al intentar ingresar a su auto, los hombres le cerraron el paso e hicieron ostentación de que portaban armas de fuego.
Como pudo, ingresó al vehículo y lo encendió, pero los hombres le cerraban la circulación, siempre con las armas a la vista. Realizó entonces dos llamadas telefónicas: a su padre, para informarle lo que estaba viviendo, y a la Línea de Emergencia 911.
La operadora telefónica instruyó a Yolanda a no bajar del vehículo, no apagarlo y capturar imágenes en foto y video de los agresores. Atender estas instrucciones molestó a los hombres, quienes fueron reforzados por otros dos. Le insistieron en que tenía que acudir a la Fiscalía para que acreditara la propiedad legal del vehículo y que bastaba con que llevara la documentación correspondiente. Al “convencimiento” se sumaron integrantes de la Policía Auxiliar municipal, que llegaron al lugar de los hechos enviados por la operadora del 911.
Yolanda logró contactar a su esposo. Le pidió que llevara los documentos necesarios a la agencia del ministerio público para demostrar la legal posesión de su auto. Eso sería todo, le habían asegurado los policías.
Una vez que ingresó a la Agencia del Ministerio Público de Naucalpan fue despojada de su teléfono y de las llaves del auto. No la presentaron ante el ministerio público sino la condujeron a una oficina donde sólo había policías. Ahí, con las armas en la mano, uno de los sujetos que la interceptó en el estacionamiento de la tienda de autoservicio le espetó: “Si no se hubiera puesto tan loca, nos hubiéramos arreglado y no estaría usted aquí. Ahora, para que vea cómo nos molesta cuando nos graban, la vamos a detener”.
Ya no importó que su esposo llegara al lugar con la factura del automóvil y los documentos originales de la compraventa en la mano. Ni siquiera le dejaron mostrarlos. Ella siguió incomunicada, sin la posibilidad de hablar con un abogado y sin que fuera presentada ante el ministerio público.
Luego de 2 horas le presentaron el acta con hechos alterados. En el documento quedó asentado que fue detenida en un operativo contra el robo de vehículos en la vía pública y no, como realmente ocurrió, en un estacionamiento privado. Peor aún, quienes se acreditaron la detención fueron policías de investigación distintos a las personas que verdaderamente la interceptaron. Fue remitida al agente del ministerio público Alfredo Edgar Delgado Cortés luego de las 18:00 horas.
Yolanda se percataría de que en el documento se justificó su detención con una denuncia de robo de 2021, con placas y características distintas a las de su vehículo. A pesar de que los datos no eran coincidentes y de que resultaba obvio de que no se trataba del mismo automóvil, quedó en calidad de detenida por el delito de “encubrimiento por receptación”. Delgado Cortés no “vio” la irregularidad.
Así, Yolanda fue fichada: la fotografiaron de frente y de ambos perfiles, le tomaron sus huellas dactilares y le obligaron a ubicar su domicilio particular por medio de una aplicación de geoposicionamiento satelital. Le informaron que su automóvil ya ha sido remolcado a un “corralón” para las “investigaciones”.
Sin tener comunicación alguna con su familia o un abogado Yolanda fue trasladada a una celda en los sótanos de la Fiscalía de Naucalpan. Ahí pasó la noche: durmió en el piso, manchado, junto a una letrina. Necesariamente tuvo que interrumpir abruptamente un tratamiento médico tiroideo.
Al día siguiente, después del mediodía, le tomó su declaración un agente del ministerio público distinto y en la presencia de una abogada. Sin embargo, custodios le amenazaban con que se sería trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla Juan Fernández Albarrán, conocido popularmente como penal de Barrientos, por robo de automóvil. Ni de lejos, se le presumió inocente ni se le trató con dignidad, como mandatan la Constitución y las leyes mexicanas.
Yolanda fue liberada luego de 48 horas, pero las “investigaciones” siguieron y de su auto no tenía noticia. Junto con su familia, logró que la Visitaduría pidiera un peritaje forense sobre el auto. El “resultado” fue que el auto había sido “remarcado” y que, por tanto, sí era un auto robado.
Se trataba de nueva cuenta de una estratagema para no entregarle el vehículo. Lo que hizo la familia de Yolanda fue notificar a la agencia automotriz. La armadora de autos entonces decidió intervenir y enviar a sus abogados.
Y como por arte de magia, al ver que terminaría enfrentándose con una marca internacional de automóviles, la Fiscalía de Naucalpan reconoció que el expediente contenía peritajes alterados y que el auto no era robado. En su determinación también pudo haber pesado la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, a petición de la familia. Esta determinación llegó durante los primeros días de febrero de 2025.
Pero para Yolanda y su familia no terminó la saña. Aunque pidieron la devolución del vehículo, la respuesta oficial fue que la Fiscalía no tenía certeza de dónde se encontraba. Luego de indagar y tocar puertas, tuvieron noticia de que había sido remolcado de la Fiscalía por Grúas Pegaso, SA, y que se encontraba en Cuautitlán Izcalli.
Yolanda pudo ubicarlo y lo encontró saqueado y golpeado, sin rastros de sus pertenencias y sin, siquiera, la llave de encendido. Además, con la noticia de que, si quería que se lo entregaran, debía pagar más de 25 mil pesos por concepto de arrastre y renta del lugar. ¡Y en efectivo, sin que se emitiera recibo fiscal! Es decir, mediante evasión al Servicio de Administración Tributaria. Recuperar su auto, tal y como lo tenía el aciago día que fue detenida, significaría un desembolso de más 100 mil pesos.
El agente del ministerio público que integró al expediente peritajes alterados y que armó la carpeta que garantizaba el despojo del auto, Alfredo Edgar Delgado Cortés, fue apartado de la Fiscalía Regional de Naucalpan… pero no se le investigó. Simplemente se le cambió de adscripción en la misma Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Tampoco se indaga a los policías involucrados ni a la empresa Grúas Pegaso que, hasta el momento, mantiene bajo su poder el auto despojado.
¿Cuántas personas más fueron víctimas de este modus operandi? ¿De cuántos despojos de autos cometidos en Naucalpan por autoridades encargadas de procurar justicia estamos hablando?
La familia de Yolanda cuenta con los videos del día en que fue interceptada y copias del expediente que acreditan la inclusión de peritajes alterados. Lo que no encuentra es voluntad política para que se haga justicia.
