Zósimo Camacho
Aquel 28 de junio de 1995 se perpetró una de las masacres más impactantes en la historia reciente de Guerrero y todo México. En una de las brechas rurales del municipio de Coyuca de Benítez, 17 integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) fueron acribillados por policías estatales.
La orden criminal se ejecutó en el vado de Aguas Blancas, en los bosques tropicales de la Costa Grande. No fue un “enfrentamiento armado”, como cínicamente intentó presentar el gobierno estatal de Rubén Figueroa Alcocer (1993-1996) y el federal de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000). Fue un crimen de Estado, un acto de terrorismo institucional diseñado para silenciar la lucha por la tierra y la justicia.
Los testimonios y las pruebas revelaron la verdad: los campesinos, desarmados y viajando en camionetas, fueron emboscados. Un video de los hechos, dado a conocer por el periodista Ricardo Rocha en febrero de 1996, desmintió la versión oficial. En uno de los canales de la televisión mexicana, entonces el de mayor audiencia, se pudo observar y escuchar la masacre en toda su crudeza. Quedó claro que los campesinos –de sombreros de palma, camisolas y huaraches– no cometieron delito alguno.
Lo que ocurrió fue que, en su soberbia e impunidad garantizada, los perpetradores se sintieron desafiados: cómo los campesinos de la sierra podían organizarse libremente, fuera de las estructuras del partido oficial y, peor aún, “osaran” asistir a un mitin que se celebraría en Atoyac de Álvarez, municipio vecino que guardaba –y guarda– los ecos del Partido de los Pobres y Lucio Cabañas Barrientos.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado confirmó años después que hubo ejecuciones extrajudiciales. Pero, como siempre en México, la justicia llegó tarde, incompleta o simplemente no llegó.
El gobierno priísta de la época recurrió al manual clásico: criminalizar a las víctimas. Se dijo que los campesinos portaban armas, que habían “atacado primero”. La prensa oficialista siguió el guion. Pero la verdad se abrió paso: los muertos eran líderes sociales, activistas, que denunciaban tala clandestina, exigían fertilizantes, derechos básicos y demandaban la presentación con vida de víctimas de desaparición forzada. Su único “delito” era organizarse.
El entonces secretario de Gobierno de Guerrero, José Rubén Robles Catalán, fue condenado años después… sólo por abuso de autoridad y su “pena” fue ser separado del cargo. Terminaría asesinado a tiros en 2005. Figueroa Alcocer, nunca pagó. Tampoco su asesor en materia de seguridad, el temible general Mario Arturo Acosta Chaparro Escapite, de triste memoria por su participación en la Guerra Sucia precisamente contra las comunidades de Guerrero en tiempos de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas. También sería ultimado a tiros, en 2012.
Mientras, Manuel Moreno González, jefe de la Policía Motorizada y quien encabezó el “operativo”, fue liberado mediante un amparo a los seis años de haber sido aprehendido. Fue uno de los mandos policiales que dieron la orden de disparar. Y el procurador general de Justicia del Estado, Antonio Alcocer Salazar, sólo recibió como castigo la destitución.
La impunidad, como un cáncer, siguió corroyendo Guerrero: dos años después vendría la masacre de El Charco, y luego, en 2014, Ayotzinapa. El mensaje era claro: al poder no le tiembla la mano para eliminar a quien lo cuestione.
Aguas Blancas no fue un “error” ni un “exceso”. Fue la expresión brutal de un sistema que protege a caciques, narcos y políticos mientras reprime al pobre. Tampoco es un tema del pasado: es presente. Aguas Blancas es un asunto de hoy, pues los responsables siguen libres mientras integrantes de la OCSS padecen actualmente persecución, sufren el encierro o desaparición forzada.
A los 17 masacrados y 23 heridos –la mayoría de éstos, con afectaciones permanentes– se sumarían en los años posteriores a la matanza 19 asesinados más, entre ellos los liderazgos de los hermanos Miguel Ángel y Rocío Mesino, Eusebio Vázquez, Eugenio Aguirre, Ismael Mena, Luis Olivares y Claudio Castillo; tres desaparecidos de manera forzada hasta la actualidad: Gilberto Romero Vásquez y los hermanos Benito y Mauro Bahena Maldonado, y decenas de encarcelados injustamente que fueron recuperando su libertad poco a poco.
Tres de ellos, Orlando Ávila Mesino, Gilberto Aguirre Bahena y Jerónimo Hernández pasaron más de 20 años de encierro. Alcanzaron su libertad durante el sexenio pasado, gracias a la lucha social de la OCSS y organizaciones solidarias, así como a los programas de amnistía y liberación anticipada que aplicó el gobierno federal para atender los casos de personas injustamente presas.
Sin embargo, Antonio Barragán Carrasco permanece preso. Sobreviviente de la masacre de Aguas Blancas, hasta la fecha es víctima de un montaje orquestado por Genaro García Luna, actualmente encarcelado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
Antonio contaba 30 años cuando la masacre. Han pasado otros 30 y hoy cuenta 60 de edad. Fue detenido en 2001 en Baja California sin orden de aprehensión, torturado y acusado del secuestro y asesinato de Paola Gallo, hija del empresario Eduardo Gallo y Tello. No hay una sola prueba en su contra sino su autoinculpación obtenida en ilegales sesiones de tormento. Permaneció 13 años en prisión sin sentencia y, desde 2014, cumple una condena que suma más de 100 años por secuestro, robo, delincuencia organizada y asociación delictuosa, delitos fabricados con confesiones arrancadas bajo tortura. De cuatro causas penales abiertas, falta aún por recibir una sentencia En esta última se le acusa de homicidio, secuestro y robo.
García Luna, enemigo jurado de la OCSS desde su época como agente y mando del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), facilitó recursos del Estado al empresario Eduardo Gallo para perseguir a supuestos responsables del secuestro y asesinato de su hija. Le permitió violar los protocolos jurídicos e, incluso, participar directamente en las torturas cometidas dentro del penal de Atlacholoaya, Morelos.
La tortura para Antonio inició desde su ilegal detención por el particular Eduardo Gallo, recuerda Miguel Ángel Zenón, solidario de la Voz del Amate. Fue trasladado en un vuelo comercial que salió en la madrugada a Ciudad de México.
“Iba golpeado, lastimado también por las esposas. Además de mantener las manos a la espalda, le pusieron una mochila muy pesada. Incluso las personas que iban en el vuelo comercial preguntaban por qué lo llevaban así, que lo estaban lastimando”, agrega Zenón, quien es integrante también de la campaña de liberación de Antonio Barragán Carrasco.
Los peritajes oficiales demuestran que Barragán no disparó armas, y un Protocolo de Estambul confirmó las torturas. En realidad, la estrategia de contrainsurgencia contra la organización utilizó de fachada la supuesta persecución de delitos.
“Después de la masacre de Aguas Blancas empezó a haber una serie de gente desaparecida, de gente con órdenes de aprehensión, con gente que fueron encarcelados”, explica a Luces del Siglo Antonio Barragán Carrasco.
Desde el Centro Estatal de Reinserción Social de Atlacholoaya, el preso político agrega que, luego de 1995, “empezó una persecución contra la gente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur”.
Norma Mesino, dirigente de la OCSS, destaca que, en los interrogatorios ilegales y bajo tortura contra Antonio Barragán, el empresario preguntaba por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y por el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).
“Ya la intención era otra, porque realmente los responsables del asesinato de Paola estaban están presos. Sus objetivos ya eran otros, ya no era el tema de su hija”, considera en entrevista con Luces del Siglo. “Seguramente se comprometió tanto con García Luna que este policía le dio otras tareas”, agrega.
Ante el agotamiento de sus recursos legales, y las limitaciones que los enredos judiciales imponen a los programas federales de amnistía y liberación anticipada, Antonio Barragán sólo podría ser liberado mediante un indulto de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, hoy la morenista Margarita González Saravia.
Por ello, a 30 años de la masacre –informa Norma Mesino– uno de los planteamientos de la OCSS es la reunión con la gobernadora de Morelos, para el caso de Antonio Barragán, y con la secretaria de Gobernación federal, Rosa Icela Rodríguez, pero exigir la reapertura del caso Aguas Blancas. Y es que México no ha cumplido una sola de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hoy Ernesto Zedillo viaja el mundo hablando de democracia y advirtiendo contra el autoritarismo. Rubén Figueroa Alcocer muestra en redes sociales su celebración por su cumpleaños 85. Mientras, las familias víctimas de la masacre siguen pidiendo justicia y el sobreviviente Antonio Barragán Carrasco cumplirá en septiembre próximo 24 años preso.
