Por KUKULKÁN
EN UN HECHO sin precedentes en el país, el Congreso de Tamaulipas se convirtió en el primero que le abre, formalmente, las puertas al Ministerio Público para que cumpla órdenes de aprehensión dentro del recinto legislativo. Sí, leyó usted bien: ya no hay inmunidad espacial. Ya no hay fuero prematuro. Y sobre todo, ya no hay escondite con aire acondicionado para quienes llegaban al Congreso más a evadir que a legislar.
LA REFORMA, contenida en el Decreto 65-911, aprobado en septiembre de 2024 y validada recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vino a ponerle cerrojo al viejo truco de los “diputados electos perseguidos”, esa figura tan mexicana que aparecía semanas antes de asumir el cargo, con orden de aprehensión en mano, buscando refugio bajo el techo del Congreso. Porque no había nada más eficaz para burlar a la justicia que llegar temprano, tomarse una selfie en la curul y esperar a que el fuero hiciera su trabajo de escudo.
PERO Tamaulipas dijo basta. Y no fue un impulso sin contexto. El caso más sonado fue el del panista Ismael García Cabeza de Vaca, quien públicamente reconoció tener órdenes de aprehensión en su contra justo antes de presentarse en el Congreso a tramitar su credencial. Con él, su suplente, Jesús Alberto Salazar Anzaldúa, también enfrentando cargos penales. Dos fichas importantes de un tablero político donde la inmunidad era más útil que cualquier argumento.
ASÍ, Morena, con mayoría en la legislatura, impulsó una reforma quirúrgica. Se modificó el artículo 8 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso local para permitir, previa autorización de la Mesa Directiva o la Diputación Permanente, la ejecución de resoluciones judiciales o administrativas al interior del recinto. Con una precisión que parece más de novela policiaca que de texto legislativo, la ley ahora permite detener a cualquier persona —diputada electa incluida— antes de rendir protesta, si tiene cuentas pendientes con la justicia.
POR SUPUESTO, el escándalo fue inmediato. Desde el PAN gritaron a los cuatro vientos que se trataba de una “embestida contra la autonomía del Congreso” y que se abría la puerta a la persecución política. Pero más allá del dramatismo parlamentario, la Suprema Corte zanjó la discusión: el decreto es constitucional. La Corte fue clara. La norma no limita el fuero ni la inmunidad procesal de las diputaciones locales, simplemente establece reglas para permitir que nadie se escude en un edificio público para evadir la justicia. Porque seamos honestos: si una persona tiene una orden de aprehensión vigente, ¿por qué debería una curul servirle de guarida?
EL DEBATE, en realidad, va más allá de Tamaulipas. La pregunta incómoda es por qué ningún otro Congreso estatal se ha atrevido a hacer lo mismo. En la mayoría de las legislaturas locales, el recinto es casi un santuario, blindado ante cualquier intento de la justicia de tocar a sus integrantes. Incluso si son presuntos delincuentes con prontuario documentado. Esta reforma no sólo corta una vieja costumbre de complicidad legislativa, también manda un mensaje contundente: la política no puede ser refugio. La diputación no debe ser sinónimo de impunidad. Y el Congreso, ese símbolo de representación ciudadana, no puede seguir siendo una trinchera desde la cual se negocia la libertad con votos.
TAMAULIPAS rompió el molde. No por gusto, sino por necesidad. Y si la justicia en México quiere dejar de ser selectiva, si el fuero quiere volver a ser lo que debería ser —una garantía para el cargo, no un pase libre al crimen—, entonces esta reforma debe ser la primera de muchas. Porque mientras más temprano aprendamos que los delitos no se borran con el color del partido, mejor para la democracia… y para la decencia.
