- Activistas y colectivos exigieron a las autoridades justicia por el asesinato de una madre y sus tres hijas en Hermosillo, Sonora.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- Activistas y colectivos exigieron a autoridades justicia por el asesinato de una madre y sus tres hijas en Hermosillo, Sonora, pues es obligación del Estado proteger a niñas, adolescentes y mujeres en México.
La petición, que suma más de 67 firmas de defensores de diferentes entidades del país, es que el gobierno ponga un alto a la impunidad y ofrezca garantías de no repetición de feminicidios, los cuales siguen al alza sin acciones efectivas.
“Indignación, dolor y rabia: el feminicidio continúa y las autoridades siguen sin responder”, reprocharon.
El pasado 5 de julio, los cuerpos de Meredith y Medelin, ambas de 11 años, y Karla, de 9, fueron hallados en el monte, abrazados y con impactos de arma de fuego.
Un día antes, su madre, de 28 años, había sido localizada sin vida en un paraje cercano.
La Fiscalía General del Estado(FGE) informó de la detención de la pareja sentimental de la mujer, un hombre vinculado a la distribución de drogas y a una organización criminal.
“¡Basta de simulación! La barbarie se ha instalado en Sonora y ustedes siguen mirando hacia otro lado”, expuso el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
“La violencia contra las mujeres y niñas se ha normalizado. Los asesinatos se multiplican sin consecuencias. Las desapariciones aumentan sin que haya búsqueda inmediata ni justicia”.
La organización refirió que, con estos crímenes, la cifra de homicidios en Hermosillo se eleva a 18 en las últimas semanas.
De acuerdo con datos oficiales, precisó, entre enero y mayo de 2025 se han registrado 40 asesinatos de mujeres en Sonora, y sólo cuatro se investigan como feminicidios.
Mientras que 36 han sido clasificados como homicidios dolosos, además de que persisten graves omisiones en la tipificación e investigación con perspectiva de género.
“Gobernador, Presidente Municipal, dejen de repartir culpas y asuman su responsabilidad, den la cara ante las víctimas y sus familias, fortalezcan la Alerta de Violencia de Género con acciones concretas y que se evalúen los resultados.
“Activen protocolos reales de prevención, protección y justicia con perspectiva de género, y rindan cuentas públicamente sobre qué están haciendo para frenar esta masacre”, demandó.
En un pronunciamiento, la asociación civil Reinserta lamentó la fragilidad de los mecanismos de protección de la niñez en el país, y resaltó que este crimen no es un hecho aislado sino parte de una realidad dolorosa.
“La violencia contra la infancia ya ni es invisible: es constante, estructural, extrema y muchas veces impune”, sostuvo.
“Estamos ante la cotidianidad de la violencia que normaliza lo que jamás debió ni debe ser tolerado”.
Según la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), más de mil niñas, niños y adolescentes son asesinados cada año en México.
Activistas y organizaciones coincidieron en que no basta con la promesa de investigar, sino que es urgente que las autoridades asuman su papel con seriedad, remarcando su responsabilidad en este tipo de delitos.
Los colectivos instaron a las autoridades a actuar con la urgencia que exige una masacre de esta magnitud, pues a pesar de contar con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género para seis municipios, incluido Hermosillo, este mecanismo no ha sido atendido con la seriedad y el compromiso requeridos.
Reprocharon que han pasado más de cuatro años sin un dictamen que evalúe las fallas estructurales en seguridad y justicia para prevenir la violencia feminicida.
Urgieron aumentar el presupuesto destinado a la protección de la infancia, pues actualmente en México representa apenas 1.2 por ciento del PIB, muy por debajo del 2 por ciento recomendado por organismos internacionales como Unicef.
Destacaron la necesidad de crear una política nacional integral de prevención del feminicidio y abuso sexual infantil, acompañada de protocolos claros y aplicables en todos los ámbitos, desde escuelas y hospitales hasta fiscalías y comunidades.
Exigieron reformar y dignificar los sistemas DIF; establecer sistemas de alerta temprana, bases de datos de agresores y mecanismos reales de prevención del delito.
Capacitar a todos los operadores del sistema de justicia y protección en un enfoque de derechos de la infancia, para asegurar una respuesta efectiva y humana ante cualquier vulneración.
