Zósimo Camacho
En los últimos ocho años, una “representación” irregular de una comunidad agraria recibió 340 millones de pesos por la extracción de material pétreo del territorio. Tal anomalía fue posible con el aval de funcionarios de los tribunales agrarios, magistrados incluidos. Es lo que consigna una denuncia penal, cuya carpeta de investigación se integra en la Fiscalía General de la República y tiene como indiciados, entre otros, a quienes fueran titulares del Tribunal Superior Agrario 23, con sede en Texcoco, Estado de México: Delfino Ramos Morales, María Antonieta Villegas López, Erika Lissette Reyes Morales y, en una ampliación de la denuncia, Aldo Saúl Muñoz López.
Las actividades mineras no son las únicas que han sido aprovechadas por un grupo cuestionado legalmente para representar al núcleo agrario. Desde 1998, este grupo también ha efectuado y autorizado para terceros la explotación inmoderada de recursos forestales y ha fraccionado y enajenado terrenos. Todo, según la denuncia penal, a cambio de beneficios económicos.
No resulta un dato menor que quienes han usufructuado estas tierras cuenten con el respaldo legal y político del Movimiento Antorchista Nacional, más conocido como Antorcha Campesina, organización adherente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 1988 y 2019, conocida por sus discursos de izquierda con práctica política de derecha autoritaria, caciquil y clientelar.
La víctima del despojo en este caso es la comunidad de Coatepec, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Sus recursos pétreos han sido saqueados durante años por quienes se asumen como representantes comunales, ante la mirada cómplice –cuando no activa– de los magistrados del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 23.
Según la carpeta de investigación, entre septiembre de 2017 y diciembre de 2025, el grupo que extralegalmente controla la comunidad ha recibido alrededor de 340 millones de pesos por la explotación de los recursos pétreos de Coatepec. Tales recursos han terminado en manos de quienes, asesorados por Antorcha Campesina, han contado con el respaldo de jueces y magistrados que debían proteger el patrimonio comunal.
La historia del despojo es larga. Y tortuosa. Coatepec obtuvo una Resolución Presidencial de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales el 17 de diciembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 1981, que reconocía 3 mil 150 hectáreas para 75 comuneros. Pero en 1995, un grupo de ellos promovió un amparo y la resolución fue dejada insubsistente en cuanto al censo de comuneros, ordenándose realizar uno nuevo. En 1998, el Tribunal Unitario Agrario realizó un censo de población comunera ─no de comuneros─ y terminó reconociendo ilegalmente como comuneras a 2 mil 155 personas. Ese fue el origen del despojo.
La diferencia entre población comunera y comuneros es algo que los propios campesinos distinguen. Más aún, cabría esperar, los versados en derecho agrario, como supuestamente son los magistrados agrarios. Tal “confusión” pudo haberse resuelto rápidamente, con voluntad y honestidad… pero los poderosos intereses sobre las tierras ya jugaban en contra.
La escalada de irregularidades llevó a los comuneros originales a promover una serie de juicios de amparo que culminaron el 23 de junio de 2017, cuando el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, al resolver el recurso de revisión R.A. 76/2017, concedió el amparo y ordenó al Tribunal Unitario Agrario dejar insubsistente el reconocimiento de las 2 mil 155 personas como comuneras. La ejecutoria fue clara: debía realizarse un nuevo censo de comuneros con base en la población de 1974 y en el artículo 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, y resolver en definitiva la acción de reconocimiento y titulación.
Sin embargo, los sucesivos magistrados del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 23 han hecho todo lo posible por no cumplirla: Delfino Ramos Morales, María Antonieta Villegas López, Erika Lissete Reyes Morales y Aldo Saúl Muñoz López.
El 12 de junio de 2024, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) finalmente realizó el censo de comuneros ordenado. Pero el magistrado Aldo Saúl Muñoz López, en lugar de pronunciarse sobre quiénes reúnen los requisitos para ser considerados comuneros, ordenó repetidamente la realización de nuevos censos de “personas aspirantes a comuneros”, es decir, censos de población. Así, aplicó reglamentos derogados y otorgó autoridad a un autodenominado “Comité Administrativo” que la ley no reconoce. Todo para seguir postergando la resolución definitiva y permitir que el grupo que controla el patrimonio de Coatepec siguiera recibiendo los pagos por la explotación de sus recursos.
¿A cuenta de qué tal intervención dilatoria de los magistrados?
La denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, dentro de la indagatoria FED/SEIDF/UEIDCSPCAJ/MEX/0001211/2020, señala que ese grupo de personas –que primero se ostentó como Comisariado de Bienes Comunales y ahora como Comité Administrativo– ha contado con la asesoría y apoyo de Antorcha Campesina. Esta organización social cuenta con presencia en diversos estados y ha sido señalada en múltiples ocasiones por prácticas de presión y conflictos por la tenencia de la tierra. Aparece en este documento como la agrupación que respalda el despojo cometido contra los comuneros originales de Coatepec.
Sin embargo, las mayores irregularidades corresponden a las acciones de los propios magistrados agrarios. En octubre de 2019, la magistrada María Antonieta Villegas López dictó medidas precautorias, entre ellas, que los pagos por la explotación de recursos pétreos se consignaran ante el Tribunal, para preservar el producto y entregarlo a quien resultara titular de los derechos agrarios. Sin embargo, fue omisa en exigir su cumplimiento. Villegas López fue trasladada al Tribunal Unitario Agrario 42, con sede en Querétaro, otro distrito con grandes rezagos e intereses empresariales e inmobiliarios.
Delfino Ramos Morales (quien finalmente renunció) y Erika Lissete Reyes Morales mantuvieron la omisión a sabiendas de que se despojaba a la comunidad. Reyes Morales está hoy al frente del Tribunal Unitario Agrario 8, con sede en la Ciudad de México. Se mantiene como magistrada nueve años después de que concluyera el periodo para el que fuera nombrada. Hoy sigue emitiendo fallos sin ratificación.
En el caso de Aldo Saúl Muñoz López –suspendido a finales del año pasado por el Órgano Interno de Control (OIC), acusado de peculado, faltas a la ética, abuso de poder, desacato y obstrucción de la justicia–, por sentencia interlocutoria del 7 de octubre de 2025, declaró improcedente la petición de los representantes comunales legítimos para que esos pagos se consignaran, y determinó que las cosas permanecieran como se encuentran. Es decir: que el grupo ilegal siguiera recibiendo los recursos por la explotación de arena, grava, tepetate y otros materiales pétreos.
El documento detalla cómo, mes a mes, ese grupo ha cobrado aproximadamente 3.4 millones de pesos mensuales por la extracción de recursos. Y los magistrados –Ramos Morales, Villegas López, Reyes Morales y Muñoz López– han sido los encargados de blindar ese saqueo, desobedeciendo mandatos judiciales, dictando resoluciones probablemente contrarias a derecho y otorgando ventajas indebidas a quienes –todo parece indicar– usurpan el patrimonio comunal. La denuncia señala la comisión de los delitos de prevaricación, abuso de autoridad, contra la administración de justicia y fraude procesal.
La Fiscalía General de la República tiene en sus manos una indagatoria que ya suma más de cinco años. Los magistrados denunciados han sido señalados, pero la investigación no avanza con la celeridad que la gravedad de los hechos exige. Mientras tanto, Coatepec sigue siendo despojada. Sus recursos pétreos siguen siendo extraídos. Lo que queda claro es que alguien sigue embolsándose millones con la irresolución del conflicto.
Otra denuncia, otra comunidad despojada. Es lo que venimos documentando en este espacio desde hace meses. Lo que está en juego no es sólo la justicia para Coatepec. Es la credibilidad de todo el sistema de justicia agraria en México. Los campesinos de esta comunidad, como los de San Nicolás de los Garza, Nuevo León; La Garita de Jalisco, San Luis Potosí; los Chimalapas, Oaxaca… ven cómo los tribunales se convierten en cómplices del despojo.
La pregunta es si la Fiscalía, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo estarán a la altura de la gravedad de los hechos, o si, como hasta ahora, la negligencia e insensibilidad seguirán reinando en las esferas de la justicia agraria mexicana.
