- El Poder Ejecutivo federal solicitó a la SCJN aplazar por tiempo indefinido la discusión de un proyecto que establecería un criterio definitivo sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en México.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- El Poder Ejecutivo federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazar por tiempo indefinido la discusión de un proyecto que establecería un criterio definitivo sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y el arraigo en México.
El asunto quedaría pendiente para la siguiente integración del Máximo Tribunal, que inicia funciones el 1 de septiembre.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) pidió a la Corte, por segunda vez, que retire de la lista de sesión de Pleno el proyecto para ejecutar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que en enero de 2023 ordenó a México dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 de la Constitución.
“Que el proyecto sea retirado de la lista oficial del Pleno, a fin de que el cumplimiento de la sentencia internacional se encuadre dentro de los cauces Constitucionales y se garantice mediante una adecuada coordinación institucional”, pidió a la Corte el consejero adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la CJEF, Raúl Jiménez Vázquez.
La ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, notificó el miércoles un acuerdo en el que se limitó a turnar el escrito de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal al ministro Jorge Pardo, quien desde noviembre de 2023 presentó un proyecto sobre el tema.
Ese proyecto propone que no se aplique la prisión preventiva forzosa, sino sólo la justificada, es decir, que los jueces decidan caso por caso si la persona debe estar recluida mientras se le juzga.
El expediente ocupa actualmente el lugar 18 de 19 asuntos en la lista del Pleno de la Corte, que ya sólo tendrá tres sesiones antes de cesar actividades a mediados de agosto.
El Pleno ha estado resolviendo pocos asuntos en sus sesiones recientes, y si no se altera el orden de la lista, la prisión preventiva ya no alcanzará a ser discutida.
En mayo pasado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ya había solicitado bajar el proyecto de Pardo de la lista, donde ha estado desde enero de 2024, argumentando que los ministros y ministras electos el 1 de junio son los que deberían resolver el tema.
En una versión de la lista publicada a finales de junio, el proyecto ya no aparecía, pero fue reincorporado al día siguiente.
Se trata de un proyecto particularmente preocupante para el gobierno, porque puede ser aprobado con seis votos, es decir, las tres ministras que suelen equilibrar la balanza (Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz) no podrían bloquearlo, al no requerir votación calificada de ocho.
El tema se ha aplazado durante año y medio, ante presiones del gobierno federal, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y las Fiscalías General de la República y estatales.
Durante una mañanera del expresidente Andrés Manuel López Obrador se llegó a advertir que 68 mil acusados por delitos graves serían liberados, no obstante que el criterio propuesto sólo llevaría a una audiencia para que se revise, en cada caso, si se justifica que sigan presos.
*Con información de Agencia Reforma
