Julio Jiménez Martínez
Los legisladores federales refrendan su compromiso y trabajan en comisiones en un proyecto ambicioso para crear una nueva Ley General que armonice, sistematice y homologue el delito de extorsión.
De acuerdo con la diputada Claudia Sánchez Juárez, el dictamen aprobado por unanimidad en la Comisión de Puntos Constitucionales reconoce que la extorsión ha diversificado sus modalidades de operación, llegando incluso a amenazar a servidores públicos y autoridades en diversos niveles de gobierno. El objetivo de estas acciones es someter a múltiples instituciones, utilizando la extorsión como vía para realizar otras conductas ilícitas y aprovechándose de los servicios públicos que brinda el Estado.
Según el número de denuncias presentadas ante las fiscalías, la extorsión es el delito con mayor incidencia y con una preocupante tasa de crecimiento, con una prevalencia delictiva de 1,562 por cada 10 mil unidades económicas. En 2024 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, lo que representa una tasa de 5,213 casos por cada 100 mil habitantes.
Para la abogada y presidenta de la Comisión de Derecho Parlamentario del Colegio Nacional de Abogados “Foro México”, así como legisladora federal, Claudia Sánchez Juárez, en al menos 18 entidades federativas la extorsión es el delito más frecuente contra micro, pequeños y medianos empresarios, en diversas modalidades.
Debemos considerar que el costo total de la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad en delitos contra el sector empresarial asciende a 124.3 mil millones de pesos (0.51 % del Producto Interno Bruto). El costo promedio por delito, resultado de gastos en medidas de prevención y protección, así como de pérdidas registradas en 2024, fue de 54,451 pesos por cada víctima del sector empresarial.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1.3 millones de establecimientos fueron víctimas de la delincuencia organizada. Asimismo, en 2023 se registraron 747 mil delitos de extorsión, de los cuales 113 mil correspondieron a extorsiones en vía pública, establecimientos mercantiles y al llamado cobro de “derecho de piso”.
La gravedad del delito es evidente: en 2019 se registró un promedio diario de 18.89 casos de extorsión, mientras que en enero de 2025 la cifra ascendió a 39.77, un incremento del 117.52 % en tan sólo seis años.
La extorsión es considerada un delito de alto impacto. Sin embargo, las políticas públicas para su prevención y combate han sido insuficientes. Actualmente, es utilizada como modus operandi por la delincuencia organizada para obtener importantes sumas de dinero y recursos en infraestructura, generando graves daños no sólo a las víctimas directas, sino también a diversos sectores de la sociedad. La práctica no se limita a empresas y comercios —donde se busca fijar condiciones de mercado mediante amenazas—, sino que también alcanza a servidores públicos y funcionarios, obligándolos a brindar protección, impunidad institucional e inmunidad jurisdiccional.
En conclusión, y de acuerdo con el análisis del proyecto de decreto, se reconoce que actualmente no existe una política criminal unificada a nivel nacional que atienda la gravedad y la punibilidad justa del delito de extorsión. A pesar de ser una de las conductas delictivas de mayor incidencia y trascendencia a nivel estatal y federal, tampoco se cuenta con un marco jurídico vigente que garantice el acceso a herramientas legales, recursos tecnológicos y facultades institucionales necesarias para enfrentar este delito mediante estrategias de inteligencia e investigación especializada.
El Dr. Julio Jiménez Martínez es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados.
