- En la Ciudad hay alrededor de seis edificios que fueron dañados por el sismo de 1985 y que están pendientes de ser rehabilitados.
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CIUDAD DE MÉXICO.- En la Ciudad hay alrededor de seis edificios que fueron dañados por el sismo de 1985 y que están pendientes de ser rehabilitados o demolidos.
Inti Muñoz, titular de la Secretaría de Vivienda (Invi), explicó que los inmuebles se caracterizan por presentar daño estructural que impide que sean ocupados.
Sin embargo, uno de ellos, ubicado en San Antonio Abad, tiene un nivel de ocupación mínimo en la planta baja, donde se realizan actividades comerciales de bajo impacto, detalló.
Aseguró que el Gobierno capitalino buscará intervenir todos los edificios afectados desde hace 40 años, mediante acuerdos con los propietarios, compra o expropiación concertada.
Mientras tanto, dijo, la Secretaría de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones les aplica un monitoreo permanente.
“Esos edificios (…) serán objeto de una intervención del Gobierno de la Ciudad para que ya sea a través de la conciliación de las acciones necesarias con sus propietarios, para que se ejecuten, que no se han llevado a cabo, incluyendo que haya una posible rehabilitación o una demolición y el desarrollo de un nuevo proyecto”, señaló.
Apuntó que en dos casos, los inmuebles ya habían sido rehabilitados, pero se volvieron a dañar con el sismo de 2017.
Mientras que uno que se ubica en el cruce de Calle Niza y Avenida Insurgentes, en la Colonia Juárez, han analizado tanto su demolición como la rehabilitación.
En caso de decidir lo segundo, sería oneroso porque el inmueble, el cual pertenece a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y está catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), tiene una inclinación.
“La media es que tienen un nivel de daño estructural que impiden su ocupación.
“Son edificios que quedaron en una suerte de limbo, no por el Gobierno de la Ciudad, es decir, sino por la responsabilidad directa de sus propietarios”, remarcó.
HABITAR ENTRE GRIETAS
En la Colonia Roma, los habitantes del edificio de Álvaro Obregón 175 habitan entre los daños que provocaron los sismos del 85 y 2017.
Romana Jiménez tiene 88 años, de los cuales 42 han sido habitando el inmueble en el que proliferan las grietas y la humedad en las paredes.
La habitante asegura estar en estado de alerta ante los movimientos sísmicos.
“Me da miedo, yo tengo algo colgado aquí y cada que se mueve me salgo o me recargo en la columna, pero las escaleras no dejan caminar, no se puede mover uno”, narró.
Su hija, Rosario, también habita un departamento en el inmueble.
“No tenemos a dónde irnos, los vecinos no invierten en mantenimiento, porque de alguna forma están esperando a ver si mejor lo tiran y vuelven a construir”, explicó.
Otras 21 familias habitan en el lugar.
“Las grietas se hicieron más grandes luego del sismo del 17, se levantó la escalera y comenzó la humedad. A una de las cuarteaduras le pusimos yeso, pero con el temblor se volvió a abrir”, detalló Rosario.
LOS HUNDIMIENTOS, FACTOR CLAVE
Los hundimientos diferenciales y el deterioro de materiales constructivos contribuyen a reducir la vida útil de los edificios e incrementar su vulnerabilidad ante sismos, planteó el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).
“Los sismos de 1985 y 2017 dejaron varios edificios con diferentes niveles de daño, por lo que varios de ellos ofrecen cierta vulnerabilidad, la cual tiene que ser atendida con trabajos efectivos de rehabilitación”, subrayó.
Prevenir es más eficiente que reconstruir y para fortalecer la resiliencia urbana, es primordial evaluar la salud estructural de los inmuebles, con medidas de reforzamiento estructural, con tal de proteger vidas y evitar pérdidas económicas, sugirió.
Desde 2023, la Ciudad cuenta con la Norma Técnica Complementaria para Evaluación y Rehabilitación de Edificios Existentes, que establece criterios modernos de diseño, evaluación y reforzamiento.
“Normas más estrictas clasifican más edificios como estructuralmente insuficientes, especialmente hospitales y unidades habitacionales”, puntualizó el CICM.
El Reglamento de Construcciones y las Normas Técnicas Complementarias se han actualizado por las experiencias sísmicas.
“Estas disposiciones, sumadas al uso de tecnologías como sensores, drones y sistemas satelitales, permiten monitorear riesgos, prevenir accidentes y optimizar la gestión de desastre”, señaló.
Escuelas y conjuntos habitacionales deben ser prioridades de intervención.
“El devastador evento del 19 de septiembre de 2017 afectó a más de 25 mil viviendas, mil 132 escuelas, un hospital y 13 inmuebles catalogados, con una inversión de 15 mil 755 millones de pesos en reconstrucción. A nivel nacional, las pérdidas económicas directas ascendieron a 88 mil 439 millones de pesos, concentrando casi la mitad en la Ciudad de México”, anotó.
Después del 19 de septiembre de 2017, el Protocolo de Actuación Postsísmica desplegó 35 brigadas con 700 voluntarios que revisaron 2 mil estructuras en la capital, subrayó.
Las revisiones estructurales deben ser una responsabilidad compartida entre propietarios y autoridades, con incentivos fiscales, fondos de garantía y pólizas de seguros, concluyó.
