- Pemex reconoció ante el regulador financiero de Estados Unidos que el robo de combustible y el huachicol fiscal son uno de sus mayores riesgos.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció ante el regulador financiero de Estados Unidos que el robo de combustible y el huachicol fiscal son uno de sus mayores riesgos para su operación.
En su reporte financiero, enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), admite que en los últimos años el País registra una mayor actividad delictiva, sobre todo por las acciones de los cárteles de la droga y organizaciones criminales relacionadas, lo que podría afectar sus operaciones.
“En particular, el desarrollo de un mercado ilícito de combustibles en México ha provocado un aumento del robo y el comercio ilegal de los combustibles que producimos, así como el robo de nuestros equipos y materiales”, expone la empresa en su reporte financiero del tercer trimestre enviado a la SEC.
Explica que a pesar de que el Gobierno federal y Pemex han implementado diversas medidas de seguridad para reducir el robo de combustible y otras actividades delictivas dirigidas contra las instalaciones y productos, esta situación es frecuente y es probable que persista.
En este sentido, añade el documento, se han identificado delitos relacionados con el robo y el huachicol fiscal, lo que puede afectar las operaciones, interrumpir el suministro y la distribución del combustible por parte de Pemex.
“Esto puede ocasionar pérdidas económicas significativas y afectar negativamente la continuidad de nuestro negocio, nuestra situación financiera y nuestros resultados operativos”, agrega la petrolera en el documento.
Las operaciones están expuestas a riesgos de actos delictivos para robar, desviar o manipular petróleo crudo, gas natural y productos refinados de la red de oleoductos, así como al robo de materiales y equipos.
“Estos actos incluyen la extracción ilegal de hidrocarburos, como las tomas clandestinas de nuestros oleoductos, y el comercio ilegal de hidrocarburos, como los introducidos al País mediante la evasión fiscal.
“Dicha actividad ha provocado incendios, explosiones, daños a la propiedad y al medio ambiente, lesiones y pérdida de vidas, así como la pérdida de ingresos por los productos robados”, señala.
Reconoce que las acciones emprendidas no han producido una mejora sostenida en los últimos años, pues el año pasado se detectaron 11 mil 774 tomas ilegales de oleoductos.
Incluso, añade, la empresa está expuesta al riesgo de que “algunos de nuestros empleados, junto con otros servidores públicos, puedan participar o ser percibidos como participantes en el mercado ilícito de combustibles”.
