- El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, descartó que esa institución intervenga en asuntos políticos o litigue procesos a través de redes sociales ni medios de comunicación.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, descartó que esa institución intervenga en asuntos políticos o litigue procesos a través de redes sociales ni medios de comunicación.
El titular de la Fiscalía General del Estado comentó que la dependencia a su cargo únicamente investiga y persigue delitos del fuero común.
Raciel López Salazar aclaró los alcances legales que tiene la Fiscalía, al referirse a la detención del líder de la Confederación de Trabajadores de México en Quintana Roo, José Isidro “N”.
El líder sindical permanece en prisión preventiva mientras es investigado por su probable responsabilidad en un homicidio cometido en 2018.
“La Fiscalía del Estado tiene una competencia muy clara, la investigación y persecución de los delitos del orden común. Nosotros no vemos temas políticos ni litigamos en redes sociales. Este es un caso estrictamente penal y se está ventilando ante un juez de control, señaló.
En Quintana Roo y en México, recordó, la privación de la vida de una persona se clasifica legalmente como homicidio.
En una carpeta de investigación por el asesinato del abogado Luis Fernando Peón Cardín, iniciada en 2018, existen indicios suficientes para que un juez de control emitiera la orden de aprehensión contra el detenido.
Por ello, explicó, la detención fue legal y ocurrió justo cuando el imputado iba a comparecer ante el Poder Judicial de la Federación en una audiencia relacionada con la posible revocación de una medida cautelar que se le impuso con antelación.
“Esta medida cautelar determinó su presentación periódica quincenal para enfrentar un proceso de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, delito por el cual estuvo privado de la libertad por tres años”.
El titular de la Fiscalía General del Estado informó que un juez federal revocó la medida cautelar ante los incumplimientos constantes del imputado, y a cambio le impuso la prisión preventiva justificada cuyo resguardo queda a disposición del órgano federal, según la resolución judicial.
López Salazar aclaró que la orden de aprehensión por homicidio no viola la suspensión definitiva que le fue concedida previamente, ya que la medida cautelar corresponde a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, conforme al artículo 19 de la Constitución
“Por lo tanto, la suspensión se había concedido únicamente para el efecto de que, una vez que el quejoso fuera aprehendido, quede a disposición del juez federal en el lugar en que fuera recluido, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal”.
Por tal motivo, el imputado quedó a disposición del juez encargado del procedimiento penal para su continuación legal.
López Salazar precisó que el recurso jurídico en ningún momento impedía la ejecución de la orden de aprehensión.
El fiscal estatal informó que la defensa de José Isidro “N” solicitó la ampliación del término constitucional por convenir así a sus intereses.
Igualmente, que la audiencia de vinculación a proceso por homicidio se llevará a cabo el 26 de noviembre próximo.
