Rodolfo, El Negro Montes
A escasas semanas de que el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) cumpla siete años en el poder, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se prepara para encabezar una masiva celebración en el Zócalo el próximo 6 de diciembre. La concentración, que busca refrendar la fuerza del proyecto iniciado por Andrés Manuel López Obrador, se da en un momento de pico de tensión y frentes abiertos que pondrán a prueba la capacidad de su administración para consolidar la “continuidad con sello propio”.
El cierre de 2025 exhibe un panorama complejo donde los aciertos de la 4T compiten con las asignaturas pendientes y, sobre todo, con los escándalos que han erosionado la bandera de la honestidad, de tal suerte que la próxima cita en la Plaza de la Constitución será el momento de hacer el balance oficial de siete años de gobierno (seis de su antecesor y un año de su gobierno).
Si bien el movimiento puede presumir de avances en programas sociales y la priorización de las clases más desfavorecidas, la realidad es que la lista de pendientes y controversias es igual de extensa:
- Lo Pendiente y lo Mal Hecho: La persistente inflación sigue golpeando el bolsillo de las familias. A ello se suman los bloqueos carreteros recurrentes del magisterio ligado a la CNTE y de transportistas, que laceran la economía y la libre circulación.
- La Deuda de Justicia: El Caso Ayotzinapa continúa siendo una herida abierta, y la lucha de las Madres Buscadoras expone la ineficacia del Estado para resolver la crisis de desaparecidos.
- La Inseguridad Imparable: La violencia no cede. Episodios como el reciente “Sinaloa bajo fuego” recuerdan la gravedad del desafío de la inseguridad que será la prueba de fuego para el nuevo gobierno.
El eje rector del discurso obradorista, que es el combate a la corrupción, se ha visto manchado por múltiples escándalos que amenazan con deslegitimar la narrativa oficial que se dicta desde Palacio Nacional con Sheinbaum a la cabeza. Y es que, se quiera o no, en el ambiente político sigue gravitando el grave caso de corrupción que involucra a sobrinos del almirante Rafael Ojeda Durán lo que ha encendido las alertas sobre el uso indebido de recursos públicos en instituciones clave.
Qué decir de los escándalos en torno a Adán Augusto López, incluyendo casos como “La barredora” y el asunto Requena, persisten en la memoria colectiva, así como los lujos cuestionables que arrojan los reportes sobre los viajes de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente, contrastan fuertemente con la política de austeridad republicana que se predica desde Palacio Nacional.
La estabilidad del país también se ve amenazada por desafíos externos de alto calibre, como lo son el conflicto diplomático con Perú. La relación con la nación andina sigue en punto muerto, reflejando tensiones que exceden la mera retórica y afectan la política exterior mexicana.
La posible reelección del expresidente estadounidense, Donald Trump, ejerce una fuerte presión ante sus abiertos amagos de intervenir territorio mexicano contra los cárteles del narcotráfico. Este escenario exige una estrategia diplomática de máxima cautela.
Un elemento novedoso y creciente de la oposición al gobierno son las marchas de la Generación Z, jóvenes que han salido a las calles a manifestar un descontento que se cuece en las redes sociales y que no se identifica con las estructuras partidistas tradicionales. Su movilización es una señal de que el relevo generacional en la protesta está en marcha.
La concentración del 6 de diciembre será más que una fiesta de aniversario, será la oportunidad de Sheinbaum para trazar la ruta de su mandato en los cinco años que le restan a su administración. Enfrentar los casos de corrupción, recuperar la paz en las calles y manejar la presión externa serán los tres pilares que definirán si la 4T logra consolidarse o si, por el contrario, sucumbe bajo el peso de sus propios frentes abiertos.
La inseguridad es, sin duda, la herencia más pesada y urgente que enfrenta el gobierno de Claudia Sheinbaum. A pesar de los esfuerzos por contener la violencia, los cárteles del narcotráfico mantienen una capacidad operativa y de confrontación que desafía la autoridad del Estado.
“Sinaloa bajo fuego” no sólo es un escenario de enfrentamientos aislados, sino una demostración de la fuerza y la capacidad de respuesta inmediata y coordinada de los grupos criminales ante las acciones del gobierno federal, que ponen en evidencia que las organizaciones criminales, particularmente el Cártel de Sinaloa, poseen armamento de alto poder y una logística sofisticada que les permite paralizar ciudades enteras, como Culiacán, mediante bloqueos, incendios de vehículos y enfrentamientos directos.
Este tipo de sucesos erosiona la credibilidad en las instituciones de seguridad y refuerza la percepción de que en ciertas regiones, el crimen organizado opera con una autoridad de facto. Es una prueba de que la estrategia de seguridad requiere una reingeniería profunda que vaya más allá de la mera contención.
El movimiento de las Madres Buscadoras personifica la tragedia humanitaria y la impunidad que rodea la crisis de desaparecidos en México, por lo que este fenómeno expone la falla sistémica de las autoridades en tres niveles: Prevención: Incapacidad para prevenir las desapariciones forzadas o voluntarias. Investigación: Burocracia, negligencia y falta de recursos técnicos para la búsqueda e identificación de personas. Justicia: Una tasa mínima de casos resueltos y responsables castigados.
Al tener que asumir la tarea de búsqueda de fosas y restos, las Madres Buscadoras están realizando la labor que constitucionalmente le corresponde al Estado, poniéndose en riesgo constante. Su activismo se convierte en un termómetro moral que mide la indolencia gubernamental ante el dolor de miles de familias.
Y qué decir del asesinato del acalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo y el Movimiento del Sombrero que él mismo creo para expresar su hartazgo por la espiral de violencia en ese y en varios estados de la República Mexicana.
Por eso para Sheinbaum, la crisis de seguridad implica una presión interna enorme, sumada a la presión externa derivada de los amagos de intervención de Donald Trump contra cárteles. Su estrategia deberá enfocarse en lograr una coordinación efectiva entre las fuerzas federales (Guardia Nacional, Ejército, Marina) y las policías estatales y municipales, algo que ha sido un punto débil en el pasado.
No basta con detener a presuntos delincuentes; el verdadero cambio requiere fortalecer las fiscalías y el Poder Judicial para asegurar que haya sentencias, desarticulando las estructuras financieras y políticas del crimen y así dar un giro significativo a la atención y apoyo a las víctimas y a los colectivos de buscadores, garantizando mecanismos de búsqueda ágiles y seguros.
El caso de los sobrinos del Almirante Rafael Ojeda Durán, una controversia que es particularmente sensible porque toca directamente a la Secretaría de Marina (Semar), una institución pilar del actual proyecto de seguridad y que había mantenido una imagen de intachable probidad.
Este escándalo se centra en presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias que involucran a familiares cercanos del Almirante Rafael Ojeda Durán, el titular de la Semar. Estos casos han generado un fuerte cuestionamiento sobre la aplicación de la austeridad y la lucha anticorrupción dentro de las Fuerzas Armadas.
Las acusaciones surgieron a partir de investigaciones periodísticas que señalaron cómo parientes del Almirante Ojeda Durán habrían utilizado su parentesco para obtener contratos millonarios y posiciones de privilegio dentro de la administración pública o en empresas que prestan servicios al gobierno.
El señalamiento central es el tráfico de influencias para beneficiar a empresas o personas allegadas en la adjudicación de contratos, particularmente en áreas sensibles donde la Semar tiene injerencia. Se documentaron contratos obtenidos, presuntamente sin la transparencia debida o mediante favoritismos, lo cual va en contra de los principios de competencia justa y de la ética pública promovida por la 4T. El impacto de este escándalo trasciende la simple malversación de fondos; toca la moral y la credibilidad de una de las instituciones con mayor confianza ciudadana.
