- El abogado Ángel Mora Castillo presentó una iniciativa de reforma a la ley ante el ‘tortuguismo’ que prevalece en la integración de carpetas de investigación.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Abogados independientes presentaron ante el Poder Legislativo local una iniciativa legal para combatir la impunidad, ante el “tortuguismo” que prevalece en la integración de carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo.
La propuesta busca modificar el artículo 24 de la Ley Orgánica del organismo autónomo, específicamente establecer la obligación de crear oficialías de partes en cada uno de los tres distritos que conforman las vicefiscalías locales.
Ángel Mora Castillo, quien es el promotor principal de esta iniciativa, explicó que el cambio busca hacer obligatoria la integración de los expedientes en un plazo máximo de seis meses.
Al vincularse o encargarse un expediente a un fiscal en particular, dijo, cuando tiene audiencias nadie recibe información sobre alguna carpeta, y si son removidos a otras fiscalías, su relevo difícilmente lo retoma.
“Lo sé por experiencia de 20 años litigando”, aseguró el impulsor de la modificación al ordenamiento.
“El objetivo es evitar que los procedimientos se alarguen por cuatro o cinco años, lo que provoca la prescripción de los delitos que han sido denunciados” dijo.
Con los cambios propuestos se busca también abatir el crecimiento del rezago de expedientes acumulados por años en las fiscalías de las zonas sur, centro y norte de Quintana Roo.
Esa situación provoca la falta de procedencia de la acción de la justicia contra miles de delitos cometidos y contra los responsables, dijo.
De aprobarse los cambios, los denunciantes dejarán de depender de una sola persona para entregar documentos o información sobre los delitos.
Con ello, se podrán evitar demoras, omisiones y hasta la impunidad que deriva en la interrupción de los trabajos de investigación.
Lo anterior, por los cambios de adscripción de los fiscales u otros motivos, que actualmente son motivo de hasta cuatro años para integrar una carpeta de investigación, explicó.
El jurista consideró necesario que los diputados de la XVIII legislatura procedan al análisis de su propuesta, y se determinen sanciones para quienes dejen de atender las nuevas obligaciones que se establezcan a favor de la justicia para los demandantes, y contra de impunidad de los delincuentes, aseveró.
