POR KUKULKAN
POR REGLA general —y capitalista— nacer cuesta, morir también. Entre la cuna y el ataúd, todo tiene precio; incluso la tragedia. Pero en Tijuana, la línea entre el dolor y el negocio se volvió tan delgada como la sábana que cubre al muerto. Y ahora, el sector funerario local ha sacado las uñas: no porque falten difuntos, sino porque los muertos “cotizan” bien… y están acaparados.
COMO si se tratara de una exclusiva empresa con contrato millonario, las funerarias pequeñas —esas que apenas sobreviven entre trámites y formaldehído— denuncian que la Fiscalía General del Estado (ojo: estatal, aunque todos le echan la bolita a la FGR) ha creado su propio cartel del cadáver: sólo unos cuantos privilegiados levantan cuerpos, y de paso, se llevan el llanto, la firma y la factura.
NO SE TRATA de ciencia forense, sino de economía básica: el monopolio del dolor está en manos del Estado, y la competencia libre murió asfixiada… como algunos de los casos que se almacenan en el SEMEFO. Sólo entre enero y junio de 2025, se registraron 594 homicidios dolosos en Tijuana. Casi 100 cadáveres por mes, una cifra que haría salivar a cualquier empresario funerario… si no fuera porque esos cuerpos ya tienen destino preferencial, levantados por las manos “autorizadas” por quienes se supone que deben impartir justicia, no administrar panteones.
PERO el negocio no termina con la bala: más de 10,500 accidentes de tránsito en lo que va del año. De ellos, al menos 31 terminaron en funeraria. ¿Y adivinen quién llegó primero a la escena? No fue la ambulancia, ni el cura. Fue la funeraria “oficial”.
LAS OTRAS, las de barrio, esas que aún creen en la libre competencia, denuncian que personal de la Fiscalía bloquea accesos, toma decisiones médicas sin título y canaliza cuerpos a negocios “amigos”, todo con el argumento de la legalidad.
LO CURIOSO es que cuando hay cateos a funerarias por “irregularidades”, como el caso de la Latinoamericana —donde se hallaron nueve cuerpos almacenados sin notificación— la Fiscalía sí aparece veloz, con cámaras, bolsas negras y discursos de legalidad. Pero cuando una funeraria común intenta levantar un cuerpo en domicilio, le cae encima medio sistema judicial.
UN LEGISTA jubilado lo dijo claro: si la muerte es natural y hay certificado médico, no debería intervenir el Ministerio Público. Pero en Tijuana, la ley se aplica como se cobra el café: según quién lo pida. ¿Y qué hace el gobierno estatal mientras los muertos se reparten como botín? Nada. O peor: parece operar el call center de las funerarias consentidas. Porque los teléfonos de la Fiscalía suenan directo al crematorio de confianza.
Y QUE la familia del difunto mejor ni se queje porque en respuesta encontrará una mirada burocrática y un ‘es por protocolo’, esta frase que por cierto se ha vuelto el sinónimo de asignación a dedo, sin licitación ni moral. En la tierra donde hasta el polvo se vende, los cadáveres ya no son duelo: son contratos. Y mientras el pueblo entierra a sus muertos con esfuerzo, otros levantan ganancias de seis cifras por cada tragedia que cae al pavimento.
DE ESTA manera, el levantamiento de cadáveres se convirtió en el Uber Black del dolor: sólo unos pueden levantar, trasladar, facturar y llorar. Los demás miran desde la banqueta, con su contrato de prestación de servicios en mano y la esperanza de que la muerte no tenga dueño. Porque en Tijuana, hasta el último suspiro se factura. Y mientras algunos lloran, otros cobran.
