- A partir de 2026, las empresas que cotizan en Bolsa tendrán la obligación de reportar auditorías de los indicadores ambientales y sociales.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de 2026, las empresas que cotizan en Bolsa tendrán la obligación de reportar auditorías de los indicadores ambientales y sociales, incluyendo los riesgos financieros del cambio climático y los esquemas de gobernanza de manera transversal, señaló especialista.
“Hay dos categorías principales de Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) que entrarán en vigor el próximo año: NIS A1 y NIS B1. Las primeras Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) están dirigidas a compañías públicas que cotizan en Bolsa.
“Las NIS B1 son para todas las empresas que reportan bajo las normas NIF; sin embargo, en la práctica, es probable que sólo apliquen para aquellas compañías más grandes que realizan auditorías de sus estados contables”, expresó Federico Gómez, director ejecutivo de Kolibri, consultoría en temas ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
Las NIS B1 establecen unos 30 indicadores, de los cuales 16 son ambientales y el resto se dividen entre temas sociales y de gobernanza. Estos indicadores incluyen emisiones de gases de efecto invernadero, agua, energía, residuos, cadena de suministro, así como políticas de diversidad, tasas de rotación y gestión de riesgos financieros al cambio climático, agregó.
El primer reporte deberá presentarse con el balance cerrado entre febrero y marzo, dependiendo de la organización.
Las compañías que cotizan en Bolsa tienen la obligación de auditar la información ambiental, social y de gobernanza.
Las que no cotizan deberán reportar los 30 indicadores de manera sencilla, como notas al final de los estados contables, dijo.
Reconoció que no habrá sanciones legales, multas o penalidades para este primer año.
En el caso de las compañías que cotizan en Bolsa, el auditor podría hacer una observación indicando que el estado contable no cumple con la norma si faltan indicadores.
Entre las desventajas de no cumplir con estas normas se encuentran cuestiones comerciales, sobre todo para empresas que proveen productos o servicios a grandes compañías que prestan atención a estos reportes.
Otra desventaja es que podrían enfrentar dificultades para obtener créditos específicas.
“Otra desventaja es la reputacional, ya que los medios podrían transparentar qué compañías están avanzando y cuáles no. Además, la falta de cumplimiento podría dificultar el acceso a líneas de crédito específicas para productos con impacto que ofrecen bancos comerciales y multilaterales”, dijo.
Los inversionistas a largo plazo podrían prestar atención a estas normas y tomar posiciones en función de ellas, especialmente si las empresas demuestran de manera auditada sus riesgos financieros relacionados con el cambio climático. Sin embargo, los inversores de corto plazo podrían no considerar esto relevante, abundó.
Las empresas obligadas deben describir los riesgos por cambio climático o por acciones que puedan afectar sus consumos ambientales. Esto implica identificar riesgos como huracanes, tormentas, incendios, falta de agua o energía, así como calcular el impacto potencial en la facturación y rentabilidad de la compañía.
Por ejemplo, las empresas mineras, que son intensivas en energía y agua, la falta de estos recursos o el aumento de las temperaturas promedio pueden generar interrupciones en la operación, mayores costos y riesgos para la seguridad de los empleados.
