- La Corte reconoció la validez del decreto que extinguió 109 fideicomisos federales.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- En una decisión trascendental para el orden financiero y jurídico del país, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el decreto impulsado por el gobierno federal en 2020 para eliminar 109 fideicomisos públicos con recursos superiores a los 68 mil millones de pesos.
Esta resolución desestima los argumentos presentados por ocho gobiernos estatales se oposición que, a través de controversias constitucionales, buscaban frenar esta reforma bajo el argumento de una supuesta invasión a sus atribuciones.
Con una mayoría sólida, los ministros y ministras del Máximo Tribunal consideraron que la desaparición de los fideicomisos —que implicó reformas a 18 leyes y la abrogación de otras más— no vulnera el federalismo ni representa una intromisión del Poder Ejecutivo Federal en las competencias de los estados.
Las controversias constitucionales, presentadas por los gobiernos de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán (cuando aún era gobernado por el perredista Silvano Aureoles), fueron calificadas como infundadas.
El proyecto, a cargo del ministro Arístides Guerrero, fue respaldado por el Pleno al concluir que los fideicomisos eran mecanismos auxiliares del Ejecutivo federal y que su extinción no limita las facultades constitucionales de los estados para ejercer sus atribuciones.
“No se acredita intromisión, dependencia o subordinación de la Federación sobre los estados. El decreto simplemente reorganiza la forma de administrar recursos federales”, afirmó el ministro Guerrero al presentar el proyecto.
DEBATE PLURAL, SIN FRACTURAS
Durante la discusión, algunos ministros y ministras expresaron reservas sobre la forma en que se desestimaron argumentos relacionados con derechos humanos, el medio ambiente y víctimas.
La ministra Sara Irene Herrerías destacó que, si bien estaba de acuerdo con el sentido general del proyecto, debe considerarse el impacto en derechos humanos en materias concurrentes, como el medio ambiente, conforme a tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú.
En contraste, la ministra Loretta Ortiz y el Ministro Giovanni Figueroa consideraron que las controversias debían sobreseerse por improcedencia, al no haber evidencia de un conflicto competencial real.
“Las demandas no acreditan un perjuicio directo a facultades estatales”, sostuvo Figueroa.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel expresó su rechazo parcial, específicamente contra la eliminación del fondo para víctimas. Afirmó que su desaparición representa una regresión en materia de derechos humanos y debió ser invalidada.
La eliminación de los fideicomisos fue una de las medidas más polémicas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde su aprobación en octubre de 2020 por el Congreso de la Unión, la reforma fue defendida como parte de un proceso de saneamiento financiero y combate a la opacidad.
La Auditoría Superior de la Federación había detectado en varios de estos instrumentos manejos discrecionales, sobrecostos, falta de transparencia e incluso desvío de recursos.
Este contexto fue subrayado por la ministra Lenia Batres, quien recordó que muchos de estos fideicomisos se administraban en instituciones privadas con secreto fiduciario, dificultando su fiscalización.
“No se puede exigir la permanencia de mecanismos que han sido utilizados para evitar la transparencia del gasto público”, sentenció.
En su fallo, la Corte reiteró que el federalismo mexicano se basa en un esquema de colaboración flexible, y que los estados no tienen derecho adquirido sobre mecanismos financieros específicos, como los fideicomisos.
“La Federación puede modificar sus formas de colaboración sin necesidad de mantener instrumentos como los fideicomisos. Lo relevante es que no se afecten facultades estatales, lo cual no ocurrió en este caso”, concluyó el ministro presidente Hugo Aguilar.
Con esta decisión, la Corte pone fin a una disputa legal que llevaba más de tres años sin resolverse, y que implicaba un alto interés político, ya que en ese momento los estados promoventes pertenecían en su mayoría a partidos de oposición. La votación mayoritaria a favor de la validez del decreto —pese a los matices y votos concurrentes— representa un respaldo institucional a una de las reformas más significativas de la administración federal actual.
