- Transportistas justificaron el aumento con base en el incremento de los costos de operación, como combustible, refacciones y mantenimiento.
JORGE GONZÁLEZ
VERACRUZ, VER.- El ajuste en la tarifa del transporte público en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, que elevó el costo del pasaje a 12 pesos, generó malestar entre los usuarios.
Los pasajeros cuestionan que el incremento se haya aplicado sin mejoras tangibles en el servicio y en un contexto de creciente presión económica para las familias.
Trabajadores, estudiantes y personas que dependen diariamente del transporte público señalaron que el aumento representa un impacto acumulativo en el gasto cotidiano, especialmente para quienes realizan varios traslados al día entre ambos municipios.
Para muchos hogares, el alza se suma a otros incrementos en alimentos, servicios y renta, reduciendo aún más su margen económico.
Usuarios denunciaron que, pese al ajuste tarifario, persisten deficiencias estructurales en el servicio, como unidades en malas condiciones, tiempos de espera prolongados y falta de accesibilidad para personas adultas mayores y con discapacidad.
“El pasaje sube, pero el servicio sigue igual”, expresaron de manera reiterada.
Organizaciones ciudadanas señalaron que el transporte público es un servicio de interés social, por lo que consideraron que cualquier modificación a la tarifa debió estar acompañada de mecanismos claros de supervisión.
También de compromisos de modernización y criterios de calidad, lo cual -advirtieron– no ha sido percibido por la mayoría de los usuarios.
Transportistas justificaron el aumento con base en el incremento de los costos de operación, como combustible, refacciones y mantenimiento.
No obstante, para los usuarios, el ajuste vuelve a trasladar la carga financiera a quienes dependen del servicio, sin que exista una garantía de mejora en la experiencia de traslado o en la seguridad.
El incremento adquiere mayor relevancia social en una zona conurbada donde miles de personas dependen del transporte público para acceder al empleo, la educación y los servicios de salud.
Convierte al ajuste tarifario en un factor que profundiza desigualdades en la movilidad urbana.
Ante este escenario, usuarios y colectivos ciudadanos exigieron a las autoridades estatales mayor vigilancia al cumplimiento del servicio, revisión periódica de las condiciones de las unidades y una política de transporte que priorice la movilidad como un derecho y no solo como un esquema de rentabilidad.
