Zósimo Camacho
Una de las organizaciones criminales más violentas que operan en Guerrero es conocida como Los Ardillos. Controla la vida de poblaciones enteras en las regiones Montaña, Costa Chica y Centro de la entidad. Se aprovecha del difícil acceso a las comunidades nahuas, me’phaa, na’saavi y mestizas. Se ensaña con quienes se le oponen y resisten a su dominio.
Los Ardillos son autores de escenas de terror que han conmocionado al país, con cuerpos desmembrados, arrojados en la carretera Chilapa-Chilpancingo (31 de marzo de 2022) y Chilapa-Tlapa (22 de enero de 2020). Han torturado metódicamente hasta la muerte a hombres, mujeres y niños y han ejecutado emboscadas contra personas, vehículos particulares y vagonetas del transporte público.
Ostentan armas de alto poder, como fusiles de asalto Barret .50, AK47 y R15, y cuentan con drones y “narcotanques” o “monstruos” –vehículos blindados con placas de acero–, utilizados contra autoridades comunitarias y corporaciones de los tres niveles de gobierno.
Este grupo criminal, con raíces anteriores al año 2000, alcanzó su poderío durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) como una facción del Cártel de los Beltrán Leyva.
Las comunidades, organizadas para mejorar sus niveles de vida, impulsar proyectos productivos y demandar respeto a sus derechos y cultura, se vieron obligadas a poner en el centro las medidas de protección, seguridad y justicia. Formaron policías comunitarias o reactivaron guardias comunales.
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), organización integrada por decenas de comunidades, ha logrado mantener a raya a Los Ardillos. El costo pagado, sin embargo, es muy alto. De 2018 a la fecha, cuentan 70 personas asesinadas y 25 desaparecidas por la organización criminal.
Las comunidades en resistencia padecen el acoso permanente y los intentos de incursiones armadas, que son rechazadas por las policías comunitarias en las trincheras ubicadas en los perímetros de los territorios. Es el día a día.
A la impunidad que gozan los perpetradores se suma ahora un inexplicable retiro de las medidas cautelares para uno de los liderazgos de la región, promotor del Cipog-EZ. Tal desprotección es vista por la organización y por el Congreso Nacional Indígena como una “sentencia de muerte” contra el defensor de derechos humanos.
Sin medidas de protección, transitar por aquellos montes de caminos terregosos y ausentes de servicios de telefonía, es más que un acto de omisión del Estado mexicano. Raya en la complicidad. La víctima tiene nombre: Jesús Plácido Galindo, promotor del Cipog-EZ e integrante de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena.
Y es que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el miércoles 3 de febrero de 2026, le notificó la “pausa” de sus medidas de seguridad. Este acto burocrático significa dejar en la indefensión material y moral al activista. Busca restarle méritos y hacer menos costosa para el grupo criminal una agresión.
Es la respuesta estatal a las presiones del grupo narco-paramilitar Los Ardillos, que el pasado primero de febrero bloqueó la Autopista del Sol para señalar públicamente a Plácido Galindo como objetivo. El Estado, en lugar de proteger, capitula ante el crimen.
El trasfondo es una guerra de exterminio de más de 25 años. Las comunidades que no se someten a Los Ardillos resultan un estorbo para las actividades ilícitas de esta organización, dedicada al tráfico de drogas, armas y personas.
El cártel debe su nombre al mote con el que se conocía a su fundador, el policía Celso Ortega Rosas, la Ardilla, asesinado en 2011. Hoy la organización es encabezada por sus hijos Celso, Antonio y Jorge Iván Ortega Jiménez. Otro, de nombre Bernardo, ha hecho carrera política en las filas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como diputado local y presidente municipal. Ahora, uno de sus hijos, de nombre Jorge Iván es diputado de la LXIV Legislatura del Estado.
La escalada contra los promotores del Cipog-EZ se agudizó desde el 7 de marzo de 2021, con una emboscada de Los Ardillos que costó la vida a Jordán Terjiño Luna e hirió a Adán Linares Silverio, Guillermo Hilario Morales y Alberto Zoyateco Pérez. Los tres sobrevivientes fueron cazados uno a uno en 2022 y 2024 por el mismo grupo. No son números, sino comunidades arrasadas en una geografía tomada por el terror.
Jesús Plácido, incorporado al Mecanismo de Protección en 2021, realizaba precisamente el trabajo que justifica la existencia del Cipog-EZ: defender la vida y el territorio. Su “delito” fue acompañar, el 30 de enero de 2026, una caravana humanitaria con periodistas y observadores a 10 comunidades de Tecoanapa y Juan R Escudero, a petición de 50 familias desplazadas por la violencia de Los Ardillos.
La caravana –realizada en el marco del Artículo 2 Constitucional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la ley 701 de Guerrero– estuvo integrada por el Cipog-EZ, la Policía Ciudadana, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria-Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Fue un acto de solidaridad frente al abandono, con el objetivo de documentar desplazamientos, asesinatos y desapariciones.
Sin embargo, al entrar a Rancho Viejo y La Estrella, fueron recibidos con armas de alto poder y drones que lanzaban bombas. A pesar de las solicitudes previas de Jesús Plácido al Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el gobierno estatal, las corporaciones de seguridad se negaron a brindar acompañamiento. La caravana, con dos observadores de la Misión Civil de Observación-Sexta, logró salir con dificultades. Este episodio evidencia el doble filo de la realidad: las comunidades están sitiadas por el crimen, mientras los defensores que intentan romper ese cerco son dejados a su suerte y luego castigados por ello.
La justificación para retirar la protección a Jesús Plácido, dada por el responsable del Mecanismo, Ricardo Pavón, revela una incongruencia institucional. Argumentó que era una “orden de superiores” por la entrada de las organizaciones comunitarias a zonas controladas por Los Ardillos. Y sugirió que algunas de esas organizaciones están “infiltradas” por el crimen.
Así, el Estado no sólo legitima el control territorial de un grupo narco-paramilitar –reconociéndolo tácitamente como autoridad– sino que equipara a las víctimas con sus victimarios. La narrativa se invierte: Los Ardillos, autores de masacres y desplazamientos, se convierten en “víctimas” de la incursión de defensores, mientras que quienes documentan crímenes son criminalizados.
El mensaje parece ser que el territorio es de Los Ardillos. Y el Mecanismo de Protección, en vez de ser un escudo, se transforma en un instrumento para rubricar listas de condenados. La conclusión es lógica y brutal: el Estado mexicano ha decidido que la vida de Jesús Plácido Galindo y de las comunidades a las que sirve es un precio aceptable para mantener un precario statu quo de violencia controlada.
De ahí el llamado del Congreso Nacional Indígena a la solidaridad mundial. No piden lástima, sino acción: cartas a embajadas, presión política, abrazos visibles que exijan al gobierno mexicano garantías de seguridad para Jesús. Su lucha no es aislada; es la de todos los pueblos que defienden la vida frente a la máquina de muerte. Lo que le depare será el termómetro de nuestra humanidad colectiva. Sería trágico para el país verse cumplir lo que Los Ardillos han anunciado.
Fragmentos
México, un polvorín, gracias a Estados Unidos. Las armas con que el vecino del norte inunda territorio mexicano sirven para mantener más que una guerra. El carácter masivo del trasiego ilegal se advierte en los datos del más reciente informe del gabinete mexicano de Seguridad. De octubre de 2024 a la fecha, por medio del programa Sí al Desarme Sí a la Paz –para el canje voluntario de armas–, el gobierno de México ha recolectado 9 mil 128 armas de fuego (2 mil 648 largas y 5 mil 311 cortas), 561 mil 292 cartuchos, 1 mil 169 granadas, 11 mil 843 cargadores, 15 cartuchos de dinamita, 245 estopines y 85 mil 14 cápsulas detonantes o fulminantes. Mientras, las Fuerzas federales han quitado a las organizaciones criminales 22 mil 832 armas de fuego. De ellas, más de 18 mil son armas largas y cortas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y el general Ricardo Trevilla, durante la conferencia del martes, dio detalles de “armamento más letal” confiscado. Enlistó 215 fusiles Barret, 20 lanzagranadas, 13 lanzacohetes, 273 ametralladoras y 137 mil cartuchos calibre .50. Se debe recordar que lo asegurado es apenas una mínima parte de lo que poseen los cárteles. ¿Cuántas armas hay ilegalmente en México gracias a la irresponsabilidad de Estados Unidos? El 78 por ciento de las armas largas proviene de ese país. Y, peor aún, el 47 por ciento de las municiones calibre .50 son trasegadas por una fábrica que opera directamente para su Ejército. Más que fallas del sistema, estamos ante una operación deliberada para armar a los grupos del narcotráfico.
