Rodolfo El Negro Montes
El estruendo de las botas mineras no resonó en los socavones esta semana, sino en el asfalto de al menos siete ciudades de la República. De Zacatecas a Hermosillo, pasando por Chihuahua, Durango, Culiacán, Hidalgo y la Ciudad de México, el gremio minero ha salido a las calles para gritar una verdad que la retórica oficial intenta maquillar con semántica de oficina: a sus compañeros no los “confundieron”, los cazaron. Y los ejecutaron.
La ejecución de trabajadores en Concordia, Sinaloa, ha pasado de ser una tragedia humanitaria a convertirse en el primer gran error político de Omar García Harfuch. El secretario de Seguridad, cuya reputación se cimenta en la precisión táctica y la inteligencia, tropezó con la piedra más vieja del camino gubernamental: la ligereza declarativa ante la barbarie.
Afirmar, como lo hizo Harfuch en días pasados, que el ataque fue producto de una “confusión” entre facciones rivales (Los Chapitos vs. Los Mayos) no sólo es una lectura superficial; es una afrenta a las familias que hoy velan cuerpos recuperados de fosas.
Los testimonios que emergen desde el corazón de las minas en Sinaloa desmienten la versión oficial con detalles escalofriantes. No hubo un error de identidad en un retén improvisado. Hubo un “levantón” planificado, un asalto a un campamento donde los trabajadores incluso habían sido obligados previamente a cambiar el color de sus uniformes para ser “identificados” por los grupos que controlan el territorio.
“Fue extorsión, no confusión”, se leía en las pancartas de la marcha en Zacatecas. Esa frase resume el abismo que separa al escritorio de la Secretaría de Seguridad del suelo ensangrentado de las minas.
El gremio minero ha sido claro: la industria, que aporta una parte vital al PIB nacional, está trabajando bajo el asedio del “cobro de piso” y la gobernanza criminal. Mientras el gobierno federal insiste en que no había denuncias previas de extorsión, los trabajadores replican con una lógica aplastante: en zonas donde el Estado es una sombra y el crimen es la ley, denunciar es firmar una sentencia de muerte.
Para Harfuch, este episodio representa una fisura en su aura de infalibilidad. Al validar la narrativa de los detenidos —quienes lógicamente usarán la “confusión” como atenuante legal— el secretario parece haber priorizado el cierre rápido de un expediente sobre la comprensión profunda de la dinámica criminal en la región.
Si la estrategia de seguridad de este sexenio pretende diferenciarse de las anteriores, no puede permitirse el lujo de revictimizar a los trabajadores con eufemismos. La protesta nacional de los mineros es un aviso: la paciencia social es tan finita como las vetas de plata, y el costo de los errores de cálculo en seguridad se paga con vidas, no con disculpas en la mañanera.
