- La empresa Materiales Triturados Martínez denunció que el Gobierno estatal le exigió 50 millones de pesos en efectivo para permitirle operar.
STAFF / AR
MONTERREY, NL.- La empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar), que ha denunciado acoso de autoridades y extorsión, reveló ayer que el Gobierno estatal le exigió un pago de 50 millones de pesos en efectivo para poder operar.
La petición de moche, detalló Érick Aguilera, gerente de la pedrera ubicada en Cerralvo, fue en noviembre del año pasado luego de que, tras demandarle inicialmente 165 millones de pesos por un supuesto adeudo de Impuesto Verde, acordaron un pago de 15 millones como “ajuste de impuestos” con tal de salir del problema.
Estos 15 millones de pesos, aseguró, se pagaron por transferencia a la Secretaría de Finanzas para evitar cierres o sanciones.
Sin embargo, pese al pago, la autoridad estatal clausuró la empresa y le pidió 50 millones de pesos para reabrir, afirmó Aguilera, autorizado por José Santos Martínez, dueño de la empresa, para detallar el caso a EL NORTE.
A partir de ese acoso se da la llamada el 27 de noviembre cuyo audio se reveló ayer, en el que el dirigente estatal de MC, Baltazar Martínez Ríos, diciendo fungir como intermediario, le ofrece a la empresa la posibilidad de “alinearse” y realizar el “pago fuerte” en parcialidades.
En ese audio, el también Diputado local por MC y ex Alcalde de Cerralvo, dice que ha hablado con Raúl Lozano, Secretario de Medio Ambiente estatal, y que puede interceder ante Miguel Flores, Secretario General de Gobierno.
“Esto empezó tentativamente en el mes de octubre, principios”, recordó ayer Aguilera en entrevista, en la que prefirió omitir algunos datos, nombres y detalles por motivos legales.
“(En) el mes de octubre nos estuvieron citando, nos dijeron que les debíamos dinero, que les debíamos grandes cantidades de dinero.
“Se habló de 160 a 165 millones de pesos que les debíamos por el concepto de Impuesto Verde”, afirmó.
El moche fue solicitado en medio de denuncias de otras pedreras que acusaron al Gobierno estatal de exigirles en conjunto una bolsa de 450 millones de pesos supuestamente para obras del Mundial, como publicó EL NORTE el 11 de octubre pasado.
Esa disputa llevó a clausuras, suspensiones, protestas y acciones legales contra el Estado por parte de diferentes empresas, incluida Matrimar.
“Se les llevó la documentación donde se les comprobaba que la empresa no les debía nada (de Impuesto Verde), que todo estaba en orden, que no había ningún adeudo”, dijo.
“¿Qué postura tomaron? Que se tenía que hacer de cualquier forma una aportación y en esa aportación se terminó haciendo un pago de 15 millones de pesos vía transferencia”, afirmó. “Ese pago se realizó.
“Sabíamos que no lo debíamos de hacer, porque no se debía, sin embargo, se terminó accediendo por el tema de, como dicen por ahí, llevar la fiesta en paz”, aseguró, “que nos dejaran trabajar y que no nos estuvieran molestando”.
-¿Quién se los pidió?, se le preguntó.
“Fue a través de la Secretaría de Finanzas, fue la gente que nos lo solicitó”.
Explicó que pensaron que el hostigamiento se detendría, pero no fue así.
“El problema vino que, después de ese pago de los 15 millones, tentativamente alrededor de una semana después es cuando van y nos clausuran a través de la Secretaría del Medio Ambiente”, dijo en referencia al cierre del 24 de noviembre pasado.
“Resultó que no, que el pago de 15 (millones) no había sido suficiente, que se requería más, y después de eso se nos solicita un pago de 50 millones de pesos en efectivo.
“Ahí fue cuando la empresa decidió no acceder y ya no continuar con este tema”, expresó.
Como parte de su batalla legal, Matrimar ganó un amparo contra la clausura impuesta en noviembre, y la noche del 10 de febrero pasado reabrió su planta, aunque apenas horas después, recibió una inusual revisión de Protección Civil, que volvió a cerrar las operaciones en la madrugada del 11 de febrero.
Hasta anoche, la planta continuaba sin operar.
