- El principal reto de las nuevas reglas de la MIS será vigilar los recursos para comunidades indígenas y afromexicanas.
STAFF / AR
CIUDAD DE MÉXICO.- El principal reto de las nuevas reglas para la Manifestación de Impacto Social (MIS) de proyectos energéticos en comunidades indígenas y afromexicanas será la vigilancia de los recursos destinados a beneficios para la población, coincidieron especialistas.
La Secretaría de Energía (Sener) publicó las Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) sobre las MIS del sector energético, en las que destaca que las empresas deberán destinar una inversión al desarrollo social en comunidades indígenas y afromexicanas.
Susana Cazorla Espinosa, analista del sector energético, señaló que será necesario definir el proceso de legitimación de los representantes comunitarios y garantizar el cumplimiento de los compromisos que se adquieran.
“Se debe determinar quién será la contraparte que reciba los recursos y cómo se evitarán conflictos de interés o abusos de gestores que se introducen en las comunidades para obtener ventajas indebidas.
“¿Cómo hará el Gobierno para que esa contraparte, que debe representar a la población impactada, no se contamine con intereses políticos o ilícitos? ¿Cómo se confirmará que el representante es legítimo?”, planteó en entrevista.
Añadió que también se debe prevenir que actores externos intenten interferir en las consultas comunitarias para frenar proyectos, como ocurrió con el gasoducto Ramal Tula, de la empresa ATCO, que enfrentó amparos promovidos por grupos sociales.
“Claro que debe haber una compensación en beneficio de las comunidades donde impacta un proyecto, pero lo que más preocupa es la implementación.
“Saber si el Gobierno tendrá la capacidad suficiente para recibir y analizar adecuadamente la información de los proyectos, a fin de no retrasar las obras ni frenar aquellos que estén alineados con la planeación central”, afirmó.
Gabriel Espejel, socio fundador de la consultora Caral, consideró que la Secretaría de Energía deberá fortalecer sus áreas de vigilancia y cumplimiento, con mayor personal de verificación.
“El Estado verificará que la MIS se cumpla, y la Secretaría puede solicitar información y realizar visitas de inspección.
“Los beneficios deben centrarse en el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades”, agregó.
Ambos expertos coincidieron en que las nuevas disposiciones mejoran la regulación en materia social y clarifican las obligaciones de las empresas respecto a la evaluación del impacto de sus proyectos.
Jesús Palmanes, especialista en energía, señaló que las DACG introducen un mecanismo que permite concebir el proyecto desde su origen como una intervención técnica integral, alineada con las condiciones reales de implementación.
Ángel Loyo, director general de Lejar Innovaciones, destacó que ahora las MIS contemplan aportaciones económicas para las comunidades en función del tamaño del proyecto, lo que antes no ocurría.
Además, deberán elaborarse informes sobre los beneficios para las comunidades, con una clasificación del tipo de riesgo, añadió.
