- Las reglas para garantizar espacios políticos a grupos prioritarios en Quintana Roo están a punto de cambiar.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Las reglas para garantizar espacios políticos a grupos prioritarios en Quintana Roo están a punto de cambiar.
La diputada Silvia Dzul Sánchez anunció una iniciativa para reformar la Ley Electoral del estado, con el objetivo de que las acciones afirmativas dejen de depender de acuerdos temporales y se conviertan en un mandato legal inamovible.
Actualmente, el acceso a candidaturas para personas indígenas, con discapacidad, afromexicanas y de la comunidad LGBT+ se regula mediante lineamientos del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).
De acuerdo con la legisladora, estos “vacíos legales” han permitido que los partidos políticos vulneren y desplacen a los verdaderos representantes de estos sectores.
La propuesta busca construir un andamiaje legal claro que evite la simulación en las próximas elecciones.
La intención es que las cuotas de participación dejen de ser interpretables y se cierren las puertas a perfiles que no pertenecen genuinamente a estos grupos.
“Es necesario reformar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para asegurar que se cumplan las acciones afirmativas y evitar que se utilicen como moneda de cambio o simulación”, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva.
Para lograr este blindaje, Dzul Sánchez adelantó que se trabajará en coordinación con el Ieqroo y el Tribunal Electoral local (Teqroo).
Además, hizo un llamado a los partidos políticos para que asuman su responsabilidad en la corrección de exclusiones históricas.
Se pretende con esta propuesta de legislación elevar los lineamientos actuales a rango de ley para evitar impugnaciones y desplazamientos, además de establecer mecanismos que verifiquen la pertenencia real de los candidatos a los grupos que dicen representar.
La reforma debe concretarse a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral, es decir, a más tardar en septiembre, para que pueda aplicarse legalmente al próximo proceso electoral.
Con este movimiento, la XVIII Legislatura busca garantizar que las sillas en el Congreso y los Cabildos sean ocupadas por voces auténticas de los grupos prioritarios, devolviendo la confianza a una ciudadanía que exige representación real y no solo “en el papel”.
