Zósimo Camacho
México es un país de contrastes insostenibles. Por un lado, posee una biodiversidad que le coloca entre las naciones más privilegiadas del planeta; por el otro, esa misma tierra que alberga selvas, bosques, desiertos y montañas ha sido convertida, en extensas regiones, en silenciosos vertederos tóxicos. Con una población superior a los 130 millones, en el país se desarrollan actividades industriales que van de la minería hasta la producción de hidrocarburos, pasando por una agricultura de alto rendimiento y la ganadería intensiva.
La generación de residuos peligrosos se ha multiplicado hasta niveles que la arquitectura institucional parece incapaz de contener. El problema rebasa la gestión ambiental y constituye una afrenta directa a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que México ha suscrito: el derecho a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, los derechos culturales de los Pueblos Indígenas y, por supuesto, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de tóxicos.
Los números, cuando se dejan de lado los eufemismos técnicos, cuentan una historia de devastación sistemática. De acuerdo con el Inventario Nacional de Sitios Contaminados de la autoridad ambiental federal, actualizado a junio de 2025, existen en el país mil 142 sitios registrados oficialmente como contaminados. Pero detrás de cada número hay un territorio, una comunidad, familias enteras atrapadas en lo que hoy se le llama, con una crudeza que apenas alcanza a describir la tragedia, “zonas de sacrificio”. Se trata de espacios donde por años las autoridades normalizaron la enfermedad, donde el cáncer es un vecino más, donde los abortos espontáneos y los casos de autismo se repiten con una frecuencia que debería encender todas las alarmas. En esas zonas, las personas mueren antes de llegar a viejas.
La magnitud de la tragedia se expresa también en metros cuadrados. La superficie total de suelo contaminado registrada en ese mismo inventario asciende a 10 millones 776 mil 105.3 metros cuadrados o mil 77 hectáreas. Esa cifra, fría en apariencia, representa el territorio mexicano que ha sido literalmente secuestrado por la contaminación. Y sin embargo, como ocurre con toda estadística oficial, es probable que estos números sean apenas una muestra, pues la omisión y la falta de actualización en los registros han sido, durante décadas, otra forma de complicidad.
La naturaleza de este veneno que se ha filtrado en la tierra, el agua y el aire no es homogénea, pero sí igualmente letal. Por un lado, la contaminación por hidrocarburos es la más visible y la más cuantificada, derivada de las décadas de operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la industria energética en su conjunto. Derrames, fugas en estaciones de servicio, ductos corroídos y terminales de almacenamiento en mal estado han sembrado de hidrocarburos el subsuelo de cientos de municipios.
Pero existe otra cara igualmente devastadora: la contaminación por metales pesados como plomo, mercurio, cadmio, arsénico y cromo. Esta herencia tóxica proviene de la actividad minera, tanto histórica como actual, de la industria química y manufacturera, del manejo inadecuado de residuos peligrosos, y del uso intensivo de pesticidas y fertilizantes en el campo mexicano. No hay un censo nacional que cuantifique con precisión la magnitud de esta última afectación, lo que ya de por sí constituye una falla imperdonable del Estado.
Frente a este panorama, el gobierno federal ha señalado que realiza acciones de saneamiento y restauración en algunos de los cuerpos de agua más emblemáticos y contaminados del país: los ríos Lerma-Santiago, Atoyac, Tula y Sonora. La pregunta es si estas acciones serán suficientes para revertir décadas de abandono, o si se quedarán como gestos aislados mientras las llamadas “zonas de sacrificio” continúan expandiéndose. Más aún cuando la Secretaría de Economía anuncia el “regreso de la minería a mayor escala” y el Plan México abre las puertas del país a la voracidad de los capitales trasnacionales. No podemos permitir que se naturalice su existencia, y mucho menos que se les otorgue algún tipo de legalidad tácita por la vía de la inacción.
En este contexto, el Acuerdo de Escazú emerge como un instrumento de contención. Este tratado regional, ratificado e impulsado por México, representa una herramienta para garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Falta operarlo para que las comunidades envenenadas sepan qué están respirando, qué están bebiendo y quién es el responsable.
El compromiso internacional, del que México hace gala en el papel, debe traducirse en acciones contundentes dentro del territorio nacional. La ratificación de tratados es un paso necesario, pero no suficiente. El país tiene pendiente avanzar hacia instrumentos que fortalecerían aún más su compromiso con la justicia ambiental y laboral, como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permitiría a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos acudir a instancias internacionales, y el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 187, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, que establecería estándares más elevados para proteger a quienes trabajan en las industrias que generan estos riesgos.
Mil 142 sitios contaminados, más de 10 millones de metros cuadrados de suelo envenenado, comunidades enteras condenadas a una vida de enfermedad y precariedad… Los datos son el reflejo de un modelo de desarrollo que ha priorizado la producción por encima de las personas y el territorio. ¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que estas zonas de sacrificio sean parte del paisaje nacional? El derecho a morir de viejo, sin que el cáncer o el plomo nos alcancen antes, debería ser un derecho irrenunciable. Es hora de que las palabras en los tratados internacionales se conviertan en acciones en los suelos contaminados. Es hora de que las zonas de sacrificio dejen de serlo.
