- El Gobierno dio un paso hacia la regulación del mercado inmobiliario al abrir un padrón de asesores que operan de manera ilícita.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- El Gobierno de Quintana Roo dio un paso concreto hacia la regulación del mercado inmobiliario al abrir un padrón de asesores que operan sin la matrícula exigida por la ley o que han incurrido en irregularidades en el ejercicio de la actividad.
José Alberto Alonso Ovando, secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), confirmó la existencia del nuevo registro.
“Acabamos de abrir este registro, lo estamos retroalimentando con la información que nos retroalimentan o que vamos detectando, y vamos a ir aumentando ese padrón”.
Subrayó que el listado cuenta actualmente con alrededor de 10 personas identificadas; aunque fue habilitado hace unas semanas, el propósito no es punitivo, sino ordenador.
“No es un tema de que tratemos de perjudicar a alguien, no queremos perjudicar a nadie, lo que queremos es que todos hagan un trabajo legal”.
La medida se suma a un paquete de reformas legislativas que, desde el Poder Ejecutivo, buscan implementar para convertir la certificación oficial en un requisito real —y no solo formal— para operar dentro del sector.
El funcionario recordó que Quintana Roo ocupa hoy el primer lugar nacional en número de asesores inmobiliarios matriculados, con dos mil 665 profesionales registrados ante la dependencia.
Sin embargo, advirtió que esa posición de liderazgo coexiste con una distorsión del mercado provocada por quienes ejercen sin cumplir los requisitos mínimos.
Para obtener la matrícula inicial, un asesor debe acreditar 90 horas de formación; para mantenerla vigente, debe completar 60 horas adicionales de actualización continua.
Quienes omiten este proceso compiten en condiciones desiguales frente a los profesionales certificados, afectando tanto la calidad del servicio como la confianza de compradores y vendedores.
La apuesta del gobierno estatal es que un marco normativo más exigente eleve los estándares del sector en su conjunto y proteja a los consumidores en un mercado donde las transacciones inmobiliarias representan uno de los motores económicos más relevantes de la entidad.
El proceso de certificación tiene un costo de cinco mil 800 pesos con vigencia de cuatro años, o de dos mil 400 pesos por dos años.
Las autoridades consideran estas tarifas accesibles frente a los beneficios que la regulación ofrece tanto al profesional certificado como al cliente final, en términos de respaldo legal y calidad en el servicio.
