- Avala Suprema Corte papel militar en espacio aéreo y confirma desaparición de Financiera Rural, que fueron decretos de AMLO.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación propinó un revés jurídico a legisladores federales de oposición que buscaban invalidar dos decretos aprobados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador: uno en materia de protección del espacio aéreo mexicano y otro relacionado con la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
Por unanimidad, el Pleno del Máximo Tribunal declaró infundadas las acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadoras, senadores, diputadas y diputados del Congreso de la Unión, al concluir que no existieron violaciones al procedimiento legislativo con suficiente peso constitucional para anular las reformas.
El primer decreto validado fue publicado el 3 de mayo de 2023 y modificó diversas leyes para permitir la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en tareas de vigilancia, protección, intercepción, búsqueda y salvamento de aeronaves, así como en la prevención de operaciones ilícitas en el espacio aéreo.
Aunque la oposición argumentó que la reforma ampliaba indebidamente las funciones de las Fuerzas Armadas, la Corte sostuvo que el Congreso puede definir actividades militares en tiempos de paz, siempre que estas se realicen bajo límites constitucionales y estándares de control civil.
Ministras y ministros coincidieron en que la participación militar debe ser extraordinaria, subordinada, regulada y fiscalizada.
El segundo revés para los promoventes ocurrió con la validación del decreto publicado el 29 de mayo de 2023, mediante el cual se extinguió la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y se abrogó su ley orgánica.
Los legisladores impugnantes sostenían que la desaparición del organismo representaba una regresión en los apoyos al campo. Sin embargo, el Pleno concluyó que la Financiera era solo uno de varios instrumentos del Estado para atender al sector rural, por lo que su extinción no implicaba, por sí misma, el abandono de las obligaciones constitucionales en materia de desarrollo rural, alimentación o financiamiento productivo.
Durante la discusión, varias ministras y ministros anunciaron votos concurrentes, al compartir el sentido de las sentencias, pero con matices sobre el análisis del procedimiento legislativo, los alcances de la participación militar y la política económica aplicada al sector agropecuario.
En términos prácticos, las resoluciones de la Suprema Corte le cerraron la puerta a los intentos de la oposición legislativa por echar abajo dos decisiones emblemáticas del gobierno de López Obrador.
El Máximo Tribunal confirmó que las irregularidades señaladas en el trámite parlamentario no tuvieron efectos invalidantes y que el Congreso actuó dentro de su margen constitucional.
