Por KUKULKÁN
AH, QUÉ TIEMPOS aquellos en los que las elecciones eran una fiesta… pero una fiesta con un presupuesto de derroche. Eran épocas doradas en las que los organismos electorales no conocían la palabra “austeridad” y gastaban como si no hubiera un mañana. El INE y sus primos estatales, los OPLE, vivían con chequera abierta, organizando comicios con una generosidad que haría llorar a cualquier secretario de Hacienda. Pero, ¡oh, sorpresa! Ahora que el dinero ya no fluye como antes, resulta que organizar elecciones se ha vuelto un vía crucis y los otrora reyes del dispendio andan con el grito en el cielo.
ESTE año, el INE enfrentó un recorte presupuestal histórico, y como buen hermano mayor, decidió repartir la crisis. ¿Su solución? Cobrarles a los OPLE un 30% de los costos de los capacitadores y supervisores electorales, esos empleados temporales que tienen la nada sencilla tarea de convencer a los ciudadanos de que ser funcionario de casilla es una experiencia que se disfruta. Antes, el INE asumía estos costos con una sonrisa, pero ahora la billetera aprieta y es momento de que los institutos estatales también pongan de su parte… aunque sea a regañadientes.
AL INTERIOR del órgano electoral hay quienes tienen claro que los OPLE están con el agua al cuello, pero el INE carga sus propios problemas. Y si quieren que las elecciones salgan bien, tendrán que rascarle al presupuesto. El problema es que algunos OPLE aún no terminan de pagar lo que deben de la elección pasada y ahora les piden más dinero. Es como cuando le prestas a un amigo y antes de que te pague, ya te está pidiendo otro favor.
PERO aquí no sólo se trata de números en una hoja de Excel, sino de un problema que, si no se resuelve pronto, podría terminar afectando la organización de las elecciones del 1 de junio. Hasta ahora, de los 19 estados que tendrán elecciones judiciales, sólo siete han conseguido ampliaciones presupuestales, y de esos, apenas dos lograron cubrir el 100% de lo que necesitan. ¿Y los demás? Pues están en la cuerda floja, esperando que los gobiernos estatales les den una manita… o un milagro.
EL INE, que de técnico y organizado no tiene discusión, ya dejó ver su preocupación: si las elecciones salen mal, los dedos acusadores apuntarán en su dirección. Pero, como bien han dicho algunos de los consejeros, la responsabilidad no será del Instituto Nacional Electoral, sino de los gobiernos estatales y legisladores que no quisieron soltar el dinero a tiempo. Claro, cuando todo se salga de control, seguro habrá quienes quieran echarle la culpa al árbitro, como siempre.
LA PREGUNTA aquí sería: ¿por qué llegamos a este punto? Porque durante años, los partidos políticos, que viven del erario con una comodidad envidiable, han hecho lo imposible por mantener el flujo de dinero constante. Se les ha recortado presupuesto, sí, pero siguen aferrados a la ubre pública con la fuerza de un pulpo en apuros. Han aprendido a gastar en elecciones con la misma voracidad con la que un niño gasta en dulces cuando le dan dinero sin supervisión.
MIENTRAS tanto, el INE ya no tiene margen para cubrir lo que antes asumía con naturalidad. Ha restringido la contratación de personal, ha recortado asesorías y ha dejado en claro que ahora cada OPLE deberá arreglárselas como pueda. Y aunque en el fondo la idea de gastar menos en elecciones parece sensata, la realidad es que el dinero sigue saliendo del mismo lugar: los impuestos de los ciudadanos, quienes cada vez ven con más escepticismo estos procesos que se han convertido en una industria electoral en la que todos quieren ganar… pero con dinero ajeno.
