- El proyecto del ministro ponente Javier Laynez Potisek propone desechar un amparo en contra del conglomerado empresarial propiedad de Alejandro Burillo Azcárraga, lo que implicaría evadir impuestos.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En los pasillos reservados de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se respiraba prisa. No la urgencia de última hora, sino la premura planeada. Quedan apenas semanas para que algunos ministros, identificados por su afinidad con una línea jurídica conservadora, concluyan su periodo. Agosto marca su salida. Pero antes de partir, hay temas que buscan dejar resueltos.
Este miércoles 18 de junio, la Sala enlistó un recurso que podría pasar inadvertido entre el cúmulo de resoluciones técnicas, si no fuera por su impacto financiero y simbólico. En juego están 4 mil 442 millones de pesos del erario federal. El beneficiario directo, si se aprueba el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, sería la empresa Pegaso PCS, S.A. de C.V.
El expediente 158/2025 propone declarar fundado un recurso que dejaría sin efecto un amparo en revisión, y permitiría a Pegaso deducir ese monto por supuestos gastos diferidos del ejercicio fiscal 2014. El argumento empresarial sostiene que el impuesto sobre la renta reclamado proviene de ingresos de una firma con la que se fusionó ese año. Sin embargo, Pegaso conservó la concesión que generaba esos ingresos, y los siguió recibiendo.
Lo que no se menciona en el proyecto, pero resulta crucial, es el trasfondo corporativo de Pegaso PCS. Fundada a finales de los noventa, la compañía operó como proveedor nacional de telefonía móvil hasta que fue adquirida por Telefónica Movistar en 2002. Desde entonces, funciona bajo esa marca, pero con estructura legal propia. El propietario original y beneficiario último de esta empresa es Alejandro Burillo Azcárraga, empresario vinculado históricamente al Grupo Pegaso, con intereses en telecomunicaciones, medios y deportes.
Para los críticos, este caso ejemplifica una práctica fiscal común durante el periodo neoliberal: la utilización de estructuras corporativas complejas para obtener beneficios fiscales multimillonarios, aun cuando las condiciones reales de operación no justifican esas deducciones.
La ponencia del ministro Laynez opta por no analizar el fondo del asunto. Alega que no se trata de un tema constitucional, por lo que debe desecharse. Para la ministra Lenia Batres, sin embargo, el caso sí toca principios fundamentales. Por eso decidió no acudir a la sesión.
“Tomé la decisión de no acudir ante la insistencia de votar asuntos fiscales de altísimo costo para la hacienda pública”, explicó. Además anunció que propondrá que todos los asuntos fiscales se discutan en el Pleno de la Corte, en sesiones abiertas, y no en salas cerradas.
La discusión, como tantas otras que implican cifras millonarias, se llevó a cabo a puerta cerrada. Sin acceso público, sin cámaras. Pero lo que está en juego no es menor. La salida inminente de ministros en funciones parece haber acelerado la resolución de temas que podrían ser interpretados como herencia jurídica a favor de ciertos grupos económicos.
Lo que algunos ven como una interpretación técnica del derecho fiscal, otros lo consideran un intento por dejar resuelto —antes del relevo— un beneficio millonario para una empresa ligada a uno de los conglomerados más influyentes del país.
Pegaso PCS, hoy operando bajo la marca Movistar, es parte de un complejo corporativo que ha navegado con éxito el entorno regulatorio mexicano. Su papel en esta resolución expone una vez más cómo las decisiones de última hora, tomadas lejos del escrutinio público, pueden tener efectos duraderos sobre la hacienda nacional.
Cuando el nuevo Pleno de la Corte se instale tras la renovación de ministros, cambiarán los nombres. Lo que está por verse es si también cambiarán las prioridades.
