- Colectivos, familias y organizaciones civiles rechazaron las propuestas de modificación a la reforma en materia de desapariciones en México anunciada el lunes por la Secretaría de Gobernación (Segob).
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Colectivos, familias y organizaciones civiles rechazaron las propuestas de modificación a la reforma en materia de desapariciones en México anunciada el lunes por la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras acusar que el proyecto no atiende la crisis en materia de desaparición de personas, sino que su objetivo es imponer un sistema de vigilancia masiva, solicitó al Congreso de la Unión un Parlamento Abierto.
“La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal no atiende la crisis en materia de desaparición de personas y tiene como objetivo imponer un sistema de vigilancia masiva que no sirve para la búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y que puede ser peligroso para la seguridad de todas las personas en México”, indica el comunicado.
Alrededor de 178 familiares de personas desaparecidas, 102 colectivos cuya causa es la misma —entre los que se encuentran Guerreros Buscadores de Nayarit (con un homólogo en Jalisco) y Hasta Encontrarles CDMX—, además de 54 personas y organizaciones en solidaridad, indicaron que de no llevarse a cabo el Parlamento, se concretaría un proceso de simulación puesto que los cambios no partieron de una consulta amplia y pública.
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Recordaron que la Ley General en Materia de Desaparición de Personas nació de una apertura de las fuerzas políticas en el Congreso y “se dio sin prisas, con responsabilidad, profesionalismo, trabajo técnico y empatía a nuestro dolor”.
Los colectivos rastreadores pugnaron por que los cambios a la ley se den en los mismos términos y no “como resultado de los caprichos de la Subsecretaría de Derechos Humanos”, que preside Arturo Medina.
Al denunciar que los errores del gobierno los pagan las familias, urgieron a un espacio público y de cara al país, a partir de una metodología clara, participativa, representativa y —enfatizaron— sin prisas.
“No sólo para el control de daños por un hallazgo que nos lastimó profundamente”, indica el documento, que hace referencia al hallazgo del centro de reclutamiento en Teuchitlán, Jalisco.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también fue requerido.
Los firmantes le solicitaron observar el proceso de reforma a la ley general para evitar perjudicar la causa, mediante su lectura política y aporte técnico.
*Con información de Agencia Reforma
