A una semana, el operativo “Liberación” sigue golpeando al crimen organizado

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Julio Jiménez Martínez

La nueva estrategia de combate a la extorsión bajo protocolos de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional ha dado resultados contundentes.

A consecuencia de las múltiples denuncias por delitos de extorsión (derecho de piso), secuestro y desaparición forzada en diversos estados y municipios de la República Mexicana, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana federal, de la Defensa Nacional, y de Marina, Centro Nacional de Inteligencia e Investigación, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y fiscalías estatales, realizaron acciones de investigación, planeación e inteligencia, durante varios meses.

El objetivo fue montar el operativo denominado “Liberación” en 14 municipios del Estado de México, con el que fueron cateados y asegurados más de 50 inmuebles, y clausurados diversos negocios y centros de distribución de materiales de construcción, madera, bodegas con animales de granja, y diversas mercancías.

Durante las acciones de este contundente operativo, los detenidos fueron puestos a disposición de autoridades judiciales que, respetando los términos constitucionales, les dictaron medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa por su presunta responsabilidad en la comisión de diversos delitos de alto impacto, como el secuestro exprés y extorsión (derecho de piso) en varios municipios de la entidad mexiquense.

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Vale la pena mencionar que derivado de las acciones de investigación del operativo “Liberación”, como el cateo, aseguramiento de inmuebles y la clausura de múltiples establecimientos mercantiles que presuntamente estaban relacionados con diversas actividades delictivas, un grupo de transportistas que presuntamente está vinculado con la “Familia Michoacana” cerró las calles y privó de la libertad a más de 50 elementos de seguridad estatales y federales, pero la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acordó la liberación de los efectivos policiacos a cambio del retiro de los sellos de clausura de los referidos establecimientos.

Es de vital importancia mencionar que se ha involucrado a pequeños y medianos empresarios, en esta nueva modalidad de extorsión, control de precios, acaparamiento, venta, distribución y transportación de bienes, productos y servicios, incluyendo mercancías de la canasta básica.

Ha sido mediante la fachada de establecimientos mercantiles y bodegas destinadas al reparto de paquetería, un segmento controlado también por este peligroso grupo delictivo, como esta pesadilla de extorsión, inseguridad, violencia y corrupción solo se puede entender con la complicidad de servidores públicos, la coparticipación de empresarios o los compromisos inconfesables de funcionarios estatales y federales.

Pero estos operativos no distinguen liderazgos políticos, ni cargos públicos, y como ejemplo, podemos señalar que fue detenida la regidora del municipio de Ixtapan de la Sal, Yareli “N”, quien presuntamente ha participado en la comisión de diversos delitos, como el secuestro exprés y la extorsión a empresarios de la zona.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, y el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, se ha confirmado la detención de siete personas que presuntamente forman parte de un grupo delictivo, dedicado a la extorsión y acaparamiento mercancías, y el control de los precios en la venta y distribución de bienes, productos y servicios.

Además, obligaban a los consumidores a comprar en establecimientos controlados por esta peligrosa agrupación criminal, que se infiltró en las estructuras sociales, empresariales e institucionales de 14 municipios del Estado de México.

Por otra parte, se ha confirmado el rescate de Bernardo Aldana, líder sindical en Jilotepec de la Agrupación de Transportistas, Comerciantes y Anexas en el Estado de México (ACME), por la coordinación de diversas autoridades de los tres niveles de gobierno, y la reducción de delitos en 32 por ciento, pero el reto sigue siendo disminuir la violencia e inseguridad en los 125 municipios del Estado de México.

Los mexicanos reconocemos los buenos resultados que ha dado la nueva estrategia para el combate a la extorsión, que bajo cinco componentes fundamentales va más allá de la presencia policial o la intervención militar.

Se ha implementado una estrategia de atención a las causas (prevención), planeación, inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, para combatir de manera eficiente esta grave crisis de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad.

El Dr. Julio Jiménez Martínez es Vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados “Foro México”.

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