Zósimo Camacho
La reciente clausura de cinco áreas de la mina Los Filos en Guerrero, ejecutada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), trasciende lo meramente administrativo. Es un acto –incompleto aún– de justicia ambiental que ha encontrado un respaldo explícito e histórico en la Procuraduría Agraria. El hecho marca un precedente en la defensa del territorio ejidal y los recursos naturales.
Sin embargo, el triunfo para las familias campesinas parece todavía lejano, a pesar de que por primera vez en mucho tiempo una institución agraria acompaña abiertamente a los ejidatarios frente a los incumplimientos de una empresa minera, en este caso, Equinox Gold. Resulta que ahora la trasnacional de capital canadiense pretende doblegar a la Profepa, a la Procuraduría Agraria, al Ejido de Carrizalillo y al pueblo mexicano con la organización de “protestas” a favor de la mina y hasta el cierre de carreteras.
Para ello, sus operadores se reúnen con la presidenta municipal de Eduardo Neri, Sara Salinas Bravo, y con los de dos comunidades que buscan convertir en antagónicas a los campesinos en resistencia. Se trata de las vecinas Xochipala y Mezcala.
La clausura es el culmen de una cadena de negligencias, omisiones y un patrón de destrucción ambiental que la empresa se ha resistido sistemáticamente a remediar. Las inspecciones de la Profepa, motivadas por las denuncias de los ejidatarios de Carrizalillo, revelaron un panorama devastador: la mina operaba en una superficie mayor a la autorizada; dos depósitos de residuos o tepetateras presentaban serios problemas de estabilidad, y los patios de lixiviación –zonas críticas por el uso de sustancias químicas– carecían de infraestructura para contener derrames, con acumulación de líquidos tóxicos que amenazaban constantemente con filtrarse al medio ambiente y que, en varias ocasiones, se filtraron.
Este desastre, sin embargo, no es accidental. Es el resultado de una negligencia criminal, pues la empresa dejó de realizar el mantenimiento básico a sabiendas de que generaba una contaminación que, en palabras del propio ejido, está “totalmente fuera de control”. Habrá que recordar que Equiox Gold destruyó totalmente las tierras de esta comunidad agraria, con sus mil hectáreas, para extraer oro. No ha remediado y ofreció como compensación el equivalente a dos despensas mensuales por familia.
A pesar de las visitas de seguimiento y de las medidas de urgente aplicación impuestas, la empresa persistió en su inacción. La clausura temporal de estas cinco áreas, que según el ejido podría extenderse a entre 15 y 18 sitios más, se erige como una medida necesaria para detener un daño que ya está hecho y que la empresa se niega a corregir. No se trata de incumplimientos burocráticos, sino de la destrucción tangible del patrimonio natural y del riesgo inminente para la salud de las comunidades.
La dimensión de esta afectación se profundiza con la revelación del ejido sobre el proyecto “El Nuevo Filos”. Mientras Equinox Gold celebraba públicamente el arranque de esta nueva campaña de exploración, el ejido de Carrizalillo denuncia que se realizaron exploraciones sin la autorización correspondiente, la cual es imposible obtener mientras no se resuelva el conflicto central: la rehabilitación de las tierras ya devastadas y la negociación de un convenio justo. Esta actitud refleja un desprecio por el marco legal mexicano y una estrategia de hechos consumados que busca evadir su responsabilidad sobre los daños acumulados.
Frente a este ecocidio y a la maquinaria legal y de desinformación de la empresa, se alza la resistencia pacífica y ejemplar del ejido de Carrizalillo. Durante casi siete meses, han mantenido un plantón exigiendo lo que por ley les corresponde: la entrega de sus tierras rehabilitadas, la reparación integral de los daños ambientales acumulados –tanto los previstos como los generados irregularmente– y un nuevo convenio de ocupación social que sea justo, equitativo y respete su dignidad campesina. En lugar de dialogar, la empresa respondió con demandas agrarias injustificadas contra el ejido y 126 parcelarios, en un intento claro de criminalizar su legítima defensa del territorio, y utilizando operadores locales para promover la confrontación social y la división comunitaria.
Este caso ha alcanzado la más alta esfera política. La presidenta Claudia Sheinbaum, en reunión con funcionarios canadienses, subrayó la necesidad de que las mineras de ese país cumplan con todos los requisitos ambientales en México. La clausura de “El Nuevo Filos” apenas un mes después de su ruidoso “arranque” confirma la urgencia de ese reclamo.
El mensaje que envían conjuntamente la Profepa, la Procuraduría Agraria y la tenaz resistencia del ejido es contundente: la actividad minera no puede desarrollarse a costa de la vida, la salud, los derechos agrarios y un medio ambiente sano. La clausura es, sin embargo, apenas el primer paso para obligar a Equinox Gold a asumir su responsabilidad: remediar la destrucción ambiental que causó y dejar de eludir su obligación de devolver la tierra rehabilitada a quienes legítimamente les pertenece.
Lo indignante es que, lejos de cumplir con las leyes mexicanas y acatar las medidas dictadas por la Profepa, Equinox Gold, en su prepotencia y desprecio por las instituciones del país, organiza manifestaciones para crear un problema “político” y, con ello, evadir el cumplimiento de la normativa. Este martes, directivos de la trasnacional, encabezados por Armando Fausto y Hugo Vergara, vicepresidente y gerente de responsabilidad social corporativa, respectivamente, sostuvieron una reunión con Sara Salinas Bravo, presidenta municipal de Eduardo Neri –donde se ubica la mina– e integrantes de las mesas agrarias de las comunidades Xochipala y Mezcala.
En la reunión también participaron personas que garantizan “seguridad” a las operaciones de la minera.
Entre los “acuerdos” se encuentra el cierre de carreteras para que la Profepa levante las clausuras y se le den los permisos para continuar la explotación. El amago sirvió para agendar una reunión con la gobernadora, Evelyn Salgado, para este jueves, en casa Guerrero, a las 13:00 horas.
La ley ambiental ha hablado. Ahora es el turno de que la justicia civil y agraria completen este acto de reivindicación histórica para el pueblo de Carrizalillo y para México. Dos Procuradurías, la Agraria y la Profepa, realizan su trabajo. Mientras, la Semarnat duda y la Secretaría de Economía –que encabeza Marcelo Ebrard–, con su Dirección General de Minas –a cargo de Ángel Diego Gómez Olmos– ha guardado un silencio que raya en el solapamiento. Ni un extrañamiento siquiera, cuando debería estar evaluando el retiro de la concesión.
