- La bancada de Morena en el Congreso del Estado anticipó que respaldará las reformas que proponga la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte del denominado ‘Plan B’.
OMAR ROMERO
CANCÚN, Q. ROO.- La bancada de Morena en el Congreso del Estado anticipó que respaldará las reformas que proponga la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como parte del denominado “Plan B”.
Así lo afirmó Jorge Sanén Cervantes, presidente del Consejo Político Estatal de Morena, quien señaló que incluso si las iniciativas incluyen una reducción en los salarios de los diputados, estas serán aprobadas sin excepción.
Luego de calificar como traidores a los partidos aliados que votaron en contra de la reforma original, Sanén Cervantes explicó que comenzarán con la revisión del presupuesto del Congreso local para identificar posibles ajustes.
No obstante, aclaró que no se contempla recortar personal entre los trabajadores.
“Aquí en el Congreso de Quintana Roo la bancada de Morena va a apoyar a la presidenta en cuanto a la reducción de los costos burocráticos, le guste a quien le guste, y pierda privilegios quien pierda privilegios. Lo que tenga que ajustarse se ajustará”.
En cuanto a la posible disminución del número de regidurías, indicó que primero será necesario analizar a detalle la propuesta que envíe la presidenta de México.
Acompañado por los diputados Santiago Frías Canché y Jimena Lasa Aguilar, el dirigente presentó la agenda legislativa correspondiente al segundo periodo, en la que se contempla trabajar en el fortalecimiento de la legalidad, la seguridad jurídica y el respeto a las instituciones democráticas.
Destacó que buscarán impulsar reformas orientadas a reforzar la justicia social, reducir las desigualdades y ampliar derechos, así como promover iniciativas en favor de los derechos de las mujeres.
El llamado “Plan B” de la reforma electoral impulsado por la presidenta se centra en introducir cambios legales orientados principalmente a la austeridad y a la eficiencia del sistema electoral.
Entre sus ejes destacan la reducción de salarios y prestaciones en organismos electorales, ajustes al gasto de los congresos locales y la posible disminución del número de regidurías en los municipios.
También plantea mejorar los mecanismos de fiscalización del financiamiento a partidos y campañas, con herramientas más ágiles y en tiempo real.
