POR KUKULKAN
HAY DESPOJOS que se hacen con armas… y otros con contratos leoninos. Xcaret apostó por lo segundo: tomar la cultura maya, empaquetarla, venderla… y luego enfrentar un juicio por robo de derechos de autor, del que ahora intenta zafarse de responsabilidades mediante la coartada de haber firmado un acuerdo con una organización maya que no representa todos los mayas en Quintana Roo.
PERO lo que no esperaba Xcaret es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya empezó a desarmar la farsa. Con un proyecto de sentencia, cuya discusión fue aplazada por el Pleno, el ministro ponente adelanta que no basta firmar un acuerdo con un grupo para apropiarse de una cultura que pertenece a miles. Así, sin rodeos.
LA HISTORIA de este caso es conocida. Una empresa turística —exitosa, poderosa, símbolo del Caribe mexicano— decidió convertir símbolos, rituales y expresiones del pueblo maya en parte de su espectáculo. Hasta ahí, nada nuevo en la industria turística que vende ‘experiencias culturales’ como si fueran souvenirs.
EL PROBLEMA empezó cuando alguien preguntó lo obvio: ¿y quién autorizó eso? Fue entonces que apareció el Gran Consejo Maya, que muy airado promovió un juicio de amparo reclamando el derecho de propiedad intelectual. Todo iba muy bien hasta que el juez encargado del caso favoreció a la empresa permitiéndole seguir usando la simbología maya en sus productos.
ACTO seguido, al margen de los tribunales, la empresa y el GCM firmaron un acuerdo que modificó la narrativa por el ‘todo está en orden, hay consentimiento, la cultura está siendo respetada’. Una especie de salvoconducto moral y jurídico para seguir explotando la cultura sin contratiempos. El equivalente legal a decir: ‘tengo permiso de los mayas’.
PERO la trampa ya fue descubierta por la Suprema Corte —al menos en el proyecto que se discutirá en las próximas semanas—. Y es que el punto no es si hay un acuerdo, sino quién puede otorgarlo. Y ahí es donde se cae toda la estrategia.
EL PROYECTO de sentencia es claro, incómodo y profundamente disruptivo para quienes han hecho del folclor un modelo de negocio: el pueblo maya no es una marca, ni una franquicia, ni una asociación civil que pueda firmar contratos a nombre de todos. Es una colectividad. Un entramado de más de mil comunidades. Una identidad que no cabe en un solo escritorio.
POR ESO, cuando el juez de distrito concedió la suspensión a Xcaret —basándose en ese acuerdo—, cometió un error que ahora la Corte está a punto de corregir: asumir que una parte puede hablar por el todo. Y en temas culturales, eso no es un detalle técnico. Es el corazón del problema.
LO QUE ESTÁ en juego no es un permiso administrativo ni un trámite burocrático. Es algo más profundo: si la cultura indígena puede convertirse en mercancía con la firma de unos cuantos, o si sigue siendo patrimonio colectivo que no se vende al mejor postor. Xcaret apostó por lo primero. La Corte parece inclinarse por lo segundo.
SI ESTE criterio se confirma, no sólo se revoca una suspensión. Se rompe una lógica que durante años ha permitido a la empresa turística usar símbolos, rituales y tradiciones como parte de su oferta, bajo la idea de que promueven la cultura para legitimar un negocio. El proyecto lo dice sin adornos: el interés económico de una empresa no puede estar por encima del interés colectivo de un pueblo. Y menos cuando ese pueblo ni siquiera ha sido plenamente consultado.
ESE ES otro dato incómodo: el Gran Consejo Maya, según el propio análisis de la Corte, no representa a la totalidad del pueblo maya. Apenas a un sector. Una parte. Un fragmento.
Y CON ESO, todo el andamiaje del ‘consentimiento’ se vuelve endeble. Es como comprar un estadio… con la firma de un solo aficionado.
EL INTENTO revela algo más profundo. No es sólo una estrategia legal. Es una forma de entender la cultura: como un recurso disponible, negociable, transferible. Algo que puede empaquetarse, venderse y promocionarse, siempre y cuando haya un contrato de por medio.
LA CORTE, en cambio, está planteando otra cosa. Que la cultura no es un activo comercial cualquiera. Que tiene un valor colectivo. Que implica derechos. Y que, sobre todo, no puede ser apropiada con atajos legales. Por ahora, el expediente está en pausa. El Pleno decidió aplazar la discusión, quizá porque sabe que lo que está por resolverse no es menor.
NO SE TRATA de un caso contra una empresa. Es un precedente que puede redefinir la relación entre turismo, economía y pueblos indígenas en México. Pero el proyecto ya está sobre la mesa. Y lo que dice es claro: no todo se puede negociar. Hay cosas que pertenecen a todos… y que no caben en un contrato. Ni siquiera en uno firmado en papel membretado.
