Sergio León Cervantes
México está viviendo uno de los cambios institucionales más profundos y peligrosos de su historia moderna. Y quizá lo más grave es que buena parte del país todavía no alcanza a dimensionarlo.
La reforma judicial no modificó solamente la forma de elegir jueces. Modificó la relación entre el ciudadano y el Estado, entre el inversionista y la certeza jurídica, entre el poder político y los contrapesos.
El Poder Judicial Federal está integrado por aproximadamente 1,736 cargos jurisdiccionales federales. En la elección judicial de 2025 se renovaron 881 cargos federales; para 2028 se pretende cambiar el resto: otros 855 cargos adicionales. Pero el verdadero tamaño del experimento no termina ahí.
La reforma obliga también a transformar los poderes judiciales estatales. Sumando jueces y magistrados locales, México podría terminar llevando a las urnas entre 5 mil y 7 mil cargos judiciales en todo el país, convirtiéndose potencialmente en el sistema de elección judicial más grande y politizado del planeta.
Y ahí comienza el problema.
Hoy todavía no existe evidencia suficiente para afirmar que los nuevos jueces electos son técnicamente malos. Apenas tomaron funciones en septiembre de 2025. Pero tampoco existe evidencia sólida de que el modelo esté funcionando bien.
Lo que sí existe ya es otra cosa: incertidumbre.
La elección judicial de 2025 tuvo apenas cerca de 13% de participación ciudadana. Más de 180 impugnaciones fueron presentadas por presunto uso de “acordeones”, inducción del voto y posibles estructuras políticas operando candidaturas. Organismos internacionales advirtieron sobre boletas confusas, baja legitimidad y riesgo de captura política del sistema judicial.
Y eso, para una democracia, es dinamita institucional.
Porque el problema ya no es solamente si un juez sabe derecho. El problema es si la ciudadanía cree que ese juez responde a la ley… o a quien lo impulsó políticamente.
México pasó de preocuparse por tener jueces técnicamente preparados a preocuparse porque no estén alineados con partidos, gobiernos, grupos económicos o estructuras de poder. Y esa transición es brutalmente dañina para cualquier país.
La historia latinoamericana tampoco ayuda.
Bolivia implementó elecciones judiciales populares en 2011 bajo el argumento de “democratizar la justicia”. El resultado fue participación mínima, millones de votos nulos y creciente percepción de politización judicial. Más de una década después, Bolivia continúa enfrentando crisis institucionales, pérdida de confianza y cuestionamientos internacionales sobre independencia judicial.
La pregunta inevitable es: ¿México está caminando hacia el mismo modelo?
Porque la certeza jurídica no es un tema ideológico; es la base invisible de toda economía moderna.
México hoy es la economía número 15 del planeta y uno de los países con mayor oportunidad de nearshoring derivado de la tensión comercial entre Estados Unidos y China. Tan solo en 2024, México captó más de 36 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa. Pero esa inversión no llega por simpatía política. Llega por confianza.
Y la confianza depende de reglas claras y árbitros confiables.
Cuando un inversionista observa casos como Vulcan Materials, conflictos regulatorios con grandes empresas, disputas sobre propiedad, incertidumbre ambiental o señales de presión política sobre instituciones, el mensaje que recibe es peligroso: en México las reglas podrían cambiar dependiendo del clima político.
Y eso nos debilita justamente cuando nos acercamos a una renegociación crítica del T-MEC.
¿Cómo negocia fortaleza jurídica un país que hoy pone en duda la independencia de sus jueces? ¿Cómo defendemos inversiones, comercio y competitividad frente a Estados Unidos y Canadá si el principal árbitro interno comienza a ser percibido como vulnerable políticamente?
El problema no es menor.
La incertidumbre jurídica eleva el riesgo país, encarece el financiamiento, frena inversiones, retrasa proyectos y reduce competitividad. Algunos análisis financieros estiman que una pérdida moderada de confianza institucional podría costarle a México decenas de miles de millones de dólares en inversiones futuras durante los próximos años.
Pero el daño no es solamente económico. También es social.
Porque mientras las élites económicas pueden litigar durante años, el ciudadano común queda indefenso ante un sistema que percibe cada vez más lejano, más politizado y menos neutral.
Ahí aparece otro riesgo profundamente doloroso: los casos familiares y de menores.
Historias como el caso Vicente —ampliamente discutido en medios y redes sociales— reflejan el temor creciente de miles de ciudadanos que sienten que, en ocasiones, la presión mediática, ideológica o política puede terminar pesando más que el interés superior de los niños.
Y cuando la justicia deja de parecer neutral, el miedo social comienza a reemplazar a la confianza institucional.
La elección judicial de 2025 costó cerca de 7 mil millones de pesos. La proyectada para 2028 podría superar nuevamente los 6 mil millones. Pero el verdadero costo no está en las boletas.
Está en la duda.
La duda de si la justicia seguirá siendo neutral. La duda de si el juez resolverá conforme a derecho o conforme a intereses. La duda de si México conservará contrapesos reales. La duda de si seguiremos siendo una economía confiable para el mundo.
Porque una democracia puede sobrevivir a malos gobiernos. Lo que difícilmente sobrevive es a la pérdida de confianza en sus árbitros.
México necesita despertar.
Necesita una recomposición profunda que construya una justicia verdaderamente neutral, profesional y confiable. Una justicia donde el ciudadano no tenga miedo del poder, y donde el poder vuelva a tener límites.
Porque cuando los jueces entran a campaña, el riesgo es que la justicia deje de pertenecer a la ley… y empiece a pertenecer a la política.
¡Hasta la próxima semana, con nuevos retos y oportunidades!
Sin miedo a la cima, que el éxito ya lo tenemos.
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