- El Congreso del Estado marcó un hito al aprobar por mayoría la reforma constitucional que extingue las denominadas “pensiones doradas”.
IGNACIO CANUL
MÉRIDA, YUC.- En una jornada que osciló entre el júbilo de la tribuna y el silencio de las bancadas opositoras, el Congreso del Estado marcó un hito al aprobar por mayoría la reforma constitucional que extingue las denominadas “pensiones doradas”.
Bajo el sol ardiente de la capital yucateca, el recinto legislativo se convirtió en el epicentro de un cambio de paradigma: el fin de los privilegios vitalicios para exgobernadores y altos funcionarios que, durante décadas, sangraron el erario con retribuciones que insultaban la realidad económica del ciudadano promedio.
Desde temprana hora, el ambiente en el Pleno sugería que no sería una sesión ordinaria. Los pasillos del Congreso murmuraban sobre el impacto de la iniciativa.
La propuesta, centrada en la austeridad republicana, buscaba homologar el sistema de retiro de la clase política con el de cualquier trabajador yucateco, eliminando bonos extraordinarios y haberes de retiro que superaban, en algunos casos, los 100 mil pesos mensuales.
“No se trata de una venganza política, sino de un acto de estricta justicia social”, sentenció desde la tribuna el diputado informante, cuya voz resonaba en un salón donde los fantasmas de legislaturas pasadas parecían observar la caída de sus propios beneficios.
La discusión fue intensa. Los defensores de la reforma argumentaron que la permanencia de estas pensiones era insostenible ante el déficit presupuestario y la creciente demanda de servicios públicos de calidad.
Hubo intentos de frenar la votación, algunos legisladores apelaron a los “derechos adquiridos”, sugiriendo que la medida podría enfrentar una cascada de amparos.
Sin embargo, el contraargumento fue contundente: ningún privilegio puede estar por encima del bienestar común.
El presidente de la Mesa Directiva ordenó la apertura del sistema electrónico de votación. El silencio fue total mientras los nombres en la pantalla cambiaban de color.
Al final, el resultado fue inapelable: 28 votos a favor y solo 2 en contra. El estallido de aplausos desde el área de visitantes rompió el protocolo parlamentario. En las afueras del recinto, grupos de ciudadanos celebraban lo que consideran una victoria contra la “burocracia de oro”.
Con esta aprobación, Yucatán se suma a la tendencia nacional de racionalización del gasto público. La reforma pasará ahora al Ejecutivo estatal para su pronta publicación en el Diario Oficial.
A partir de mañana, la “dorada” jubilación de los políticos yucatecos será, finalmente, una página más en los libros de historia de los privilegios extintos. El mensaje enviado desde la calle 58 es claro: en el Yucatán de hoy, el servicio público es una responsabilidad, no un botín.
