Sergio León Cervantes
México logró algo que pocos países han conseguido: construir uno de los sistemas de fiscalización digital más avanzados del mundo. Facturación electrónica en tiempo real, trazabilidad de operaciones, controles logísticos y una autoridad como el Servicio de Administración Tributaria con capacidad de supervisión masiva.
Pero basta salir a la calle para entender la otra cara del país.
En el centro de Ciudad de México, en los corredores comerciales de Guadalajara, en las avenidas de Monterrey o en las zonas turísticas de Cancún, el fenómeno es evidente: comercio informal creciendo, ocupando espacio público y desplazando —en muchos casos— a negocios formales.
No es percepción. Son datos.
De acuerdo con el INEGI:
- 64.3% de las unidades económicas en México son informales
- Más de 31 millones de personas trabajan en la informalidad
- 55% de la población ocupada está fuera del sistema formal
- 25.4% del PIB nacional proviene de la economía informal
Y hay un dato aún más revelador:
- 95.5% de las empresas en México son microempresas
- Mientras que menos del 1% de las empresas genera más del 50% del empleo formal
México sí emprende.
Pero no logra consolidar empresas.
En los últimos 25 años, el país duplicó su número de negocios: de aproximadamente 3.5 millones a más de 7 millones de unidades económicas. Sin embargo, la informalidad prácticamente no se ha movido. La economía creció en volumen, pero no en calidad.
Y aquí aparece el punto que incomoda, pero explica todo.
Formalizarse en México no sólo implica pagar impuestos, cumplir con el IMSS, atender regulaciones estatales y municipales o adaptarse a un entorno digital complejo. Implica, en muchos casos, enfrentarse a un sistema de supervisión fragmentado, discrecional y, en no pocos casos, corrupto.
La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) documenta que:
- Más del 60% de las empresas ha tenido contacto con autoridades regulatorias
- Y una proporción relevante reporta pagos indebidos o actos de corrupción asociados a trámites, inspecciones o permisos
Es decir, el costo de la formalidad no es sólo fiscal o administrativo.
También puede ser informal, impredecible y extraoficial.
Ahí es donde el sistema se rompe.
Porque mientras el Estado digitaliza la fiscalización, en el territorio persisten prácticas que encarecen y desincentivan la formalidad: inspecciones múltiples, criterios ambiguos y, en el peor de los casos, extorsión directa o indirecta.
El mensaje para el pequeño empresario es contundente:
Cumplir no garantiza certeza.
Y no cumplir puede ser más viable.
Por eso, más del 60% de los nuevos negocios nacen en la informalidad. Y muchos de los que logran formalizarse operan en esquemas híbridos o regresan a la informalidad para sobrevivir.
No es un problema cultural.
Es un problema de incentivos.
La digitalización fiscal ha sido eficaz para controlar a quienes ya están dentro del sistema. Pero no ha sido suficiente para atraer a quienes están fuera. Y en ese desequilibrio se está acumulando un riesgo estructural.
Porque una economía donde:
- el 64% de las empresas es informal
- el 95% no escala
- y parte de la regulación se vuelve discrecional
No sólo crece menos.
Se vuelve vulnerable.
Menos formalidad implica menos crédito, menor productividad, menos innovación y menor competitividad. Pero, sobre todo, implica un límite estructural al crecimiento económico.
México no enfrenta hoy una crisis tradicional. No hay un colapso inmediato. Pero sí enfrenta algo más silencioso y más peligroso: una economía que deja de escalar.
México digitalizó el control.
Pero no resolvió el incentivo.
Y mientras formalizarse siga siendo más caro, más complejo y más incierto que operar en la informalidad, el resultado seguirá siendo el mismo: millones de negocios… pero muy pocas empresas.
México no necesita más emprendedores. Necesita un sistema donde ser formal sea el mejor negocio.
¡Hasta la próxima semana, con nuevos retos y oportunidades!
Sin miedo a la cima, que el éxito ya lo tenemos.
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